Denuncian que Apolo violó clausuras y la Muni no reaccionó
El Concejo aprobó un pedido de informes al municipio para conocer detalles de las inspecciones técnicas y otras cuestiones administrativas del laboratorio que explotó el lunes
El Concejo municipal reclama investigar en detalle la explosión del Laboratorio Apolo y, en el marco del debate de este jueves, se aportó un dato clave respecto de la responsabilidad de la Municipalidad de Rosario: la empresa fue clausurada seis veces por el gobierno local en los últimos 12 años y las clausuras fueron violadas sistemáticamente sin que hubiera demandas judiciales u otras medidas tendientes a penar esa desobediencia.
Como se anticipaba, la jornada de este jueves en el Palacio Vasallo fue por momentos tensa, aunque finalmente se aprobó el pedido de informes al municipio para conocer acerca de las inspecciones técnicas y cuestiones administrativas del laboratorio. Si bien varios concejales tomaron la palabra, el triángulo discursivo entre el radical Jorge Boasso, Fernanda Gigliani y la oficialista Verónica Irízar generó fuertes cruces.
El concejal Boasso denunció que el laboratorio se clausuró seis veces y que en cinco oportunidades esa clausura fue violada, es decir, que más allá de la prohibición se seguían fabricando productos. De manera sistemática, cada vez que se realizaban las inspecciones (en promedio, cada dos años, según actas que mostró el edil) se reimplantaba la clausura por violación de la clausura anterior. Así, durante casi doce años.
¿El problema? Boasso cuestiona que los funcionarios municipales que inspeccionaban el lugar nunca realizaron la denuncia penal correspondiente y obligatoria. La cronología de inspecciones donde se clausuraba y reimplantaba la misma fue: 2004, agosto 2006, mayo 2008, septiembre de 2009, enero de 2011, y en diciembre del 2015 fue la sexta clausura.
“Esto es negligencia del municipio. No me caben dudas que es un accidente que se podría haber evitado y que no se evitó por culpa del municipio”, afirmó el concejal. Luego se preguntó: “¿Dónde se personaliza la culpa? Con la investigación administrativa, incluso debería constituirse una comisión investigadora”.
Pedido de informes
El pedido dei nformes aprobado este jueves en el Concejo municipal exige conocer en un plazo no mayor de 15 días detalles sobre la cuestionada habilitación del laboratorio, ya que no ha quedado en claro tras las declaraciones de funcionarios municipales si Apolo cuenta o no con la habilitación correspondiente.
El pedido solicita conocer si la firma fue efectivamente clausurada por el municipio en el período 2004/2016, de ser así, si fue efectivizada y controlada por el Estado. Entre otro de los puntos, los concejales buscan saber si Apolo contaba con un plan de traslado de acuerdo a lo requerido por ordenanza 8980/2012; qué actuaciones se llevaron a cabo respecto del Control de Precursores Químicos; si efectivamente estaba inscripto en la Anmat.