La reforma tributaria que impulsa el Gobierno Nacional se aprobó, este miércoles por la madrugada, en la Cámara de Diputados con 146 votos afirmativos, 77 negativos y 18 abstenciones. La propuesta deberá debatirse en el Senado.

Este proyecto forma parte del paquete de iniciativas económicas acordadas entre el macrismo y los mandatarios provinciales, que está integrado por el Pacto Fiscal, el consenso fiscal, el Presupuesto 2018 y la reforma previsional que este martes se convirtió en ley en Diputados.

Uno de los puntos centrales del Pacto Fiscal acordado entre el Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales prevé la eliminación de Fondo del Conurbano y de la asignación específica para el Anses, que será solventado de aquí en más por los ingresos generados a través del denominado impuesto al cheque.

El acuerdo fiscal y el consenso fiscal para bajar la presión tributaria ya fueron aprobados por el Senado y serán convertidos en ley este jueves.

A esto se suma que el jueves recibirá media sanción el proyecto de Presupuesto 2018 para que la Cámara alta lo convierta en ley la próxima semana.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, aseguró este martes que el proyecto de reforma tributaria impulsada por el Gobierno nacional busca reducir la "pesada mochila que tiene la economía" en materia impositiva, además de "generar incentivos para la inversión y la creación de empleo".

Al exponer como miembro de la mayoría en la sesión especial en la que se debate la reforma tributaria, el presidente de la comisión de Presupuesto sostuvo que "no hay recetas mágicas" y por eso el Gobierno impulsa "la reforma más ambiciosa que se realizó en los últimos años".

En tanto, el ex ministro kirchnerista Axel Kicillof, denunció que se trata de "una reforma neoliberal donde se bajan los aportes patronales y ponen esa carga tributaria en los consumidores".

"Es una falacia y una mentira porque esta reforma es para sacar impuestos a las corporaciones, y ponen de mascaron de proa a las Pymes", enfatizó Kicillof.

A su turno, el massista Marco Lavagna consideró que el proyecto “no trabaja sobre el fondo de la cuestión, que es cambiar la matriz impositiva en Argentina”; y que "en realidad no se elimina ningún impuesto, ya que se bajan algunos impuestos y se suben otros”.

"Este proyecto no cumple con los requisitos de una reforma tributaria que termine de simplificar o abordar todos los temas; porque no simplifica el sistema”, agregó, al tiempo que remarcó que “Argentina es uno de los lugares más complicados para hacer liquidación de impuestos”, agregó Lavagna.

El diputado Diego Bossio dijo que con esta reforma "nos quedamos a mitad de camino, pero hay algo innovador como haber incluido la renta financiera" y señaló que este proyecto "tiene una interesante tinte federalista".

La iniciativa inicial presentada por el Poder Ejecutivo recibió significativos cambios en las discusiones previas, como fue el caso de las bebidas azucaradas, a la que se le intentó poner una alícuota del 17% y finalmente se mantuvo el actual impuesto de 4 por ciento para aquellas gaseosas que tienen jugo de limón y 8 por ciento para las analcohólicas, con o sin azúcar.

Otro eje del proyecto es la exención del impuesto a las Ganancias para los inversores no residentes, salvo en el caso de Lebacs.

Un cambio significativo fue rebajar a la mitad el IVA de los pollos, cerdos, y conejos, con el fin de permitir que bajen los precios de esos productos alimenticios de neto corte proteico y que son clave de la canasta familiar.

Otra de las modificaciones estuvo vinculado a los impuestos internos de la cerveza, que, a propuesta del justicialista Diego Bossio, se elevó desde el 8% actual al 17 por ciento, a pesar de la queja de las empresas del sector.

El proyecto prevé, además, que las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de $12.000 para 2022, en una escala que comienza el año próximo con $2.400 pesos, prosigue en 2019 con $4.800, en 2020 con $7.200 y en 2021 con $9.600 pesos.

En este marco, la iniciativa -en su artículo 115- hace referencia a la telefonía móvil y establece elevar de 4% a 5% la alícuota que grava "el importe facturado por la provisión de telefonía celular y satelital al usuario".

Por otro lado, se acordó dispensar a la AFIP de seguir o no con la acción penal cuando así lo considere, ante una presentación espontánea del contribuyente y se incluyó una deducción especial para las mutuales de un millón de pesos por los gastos efectuados en servicios sociales para que no sea alcanzado por el impuesto a las ganancias.

Otro punto controvertido que podría ser modificado es el artículo 49 que permitía gravar con ganancias las indemnizaciones y los retiros voluntarios.