La noche ha sido tradicionalmente un territorio reservado a la diversión, el ocio y el goce, un espacio propicio para la fiesta. Es además un ámbito transitado prioritariamente –aunque no exclusivamente- por los y las jóvenes. Pero esa ventana de libertad, alejada del tiempo diurno (reglamentado y caracterizado por la rutina), es también un terreno en el que en ocasiones se cuelan la violencia, los abusos y la discriminación, y en el que el Estado y la comunidad -habitualmente a cargo del cuidado- parecen estar ausentes, o presente el primero solo por medio de sus organismos de control y de seguridad (que, sabemos, muchas veces terminan siendo parte del problema más que de la solución).

Para mi generación Walter Bulacio fue el despertar de la inocencia, la demostración de que en democracia el Estado también te podía matar, y Martín Castelucci la prueba de que cuando las reglas las pone el lucro, la libertad, la integridad física y hasta la vida, dejan de ser imperativos categóricos para los “dueños de la noche”. Ahí están las familias de Natalia Acosta, de “Pichón” Escobar y de Carlitos “Bocacha” Orellano para recordárnoslo todo el tiempo.

Cuando en diciembre de 2006 un patovica asesinó a Martín Castelucci en el boliche “La Casona” de Lanús, su papá Oscar comenzó una larga marcha que aún perdura, y que en mayo del 2008 parió una Ley, la 26.370, que regula la habilitación del personal que desempeña tareas de control, admisión y permanencia de público en bares, pubs, discotecas y otros lugares de esparcimiento. De un balance crítico en torno a los déficits y limitaciones de esa normativa, aún hoy vigente, surgió la idea –impulsada nuevamente por Oscar- de crear una Agencia Nacional de Nocturnidad, que diseñe políticas públicas para que la noche sea un espacio de convivencia segura y libre de violencia.

¿Por qué involucrar al Estado nacional en algo que tradicionalmente suele ser de incumbencia exclusiva de los municipios? Porque la nocturnidad es un espacio tan grande, complejo y multidimensional que creemos que necesita de otras miradas e intervenciones. Y vale aclarar, antes de que aparezca el argumento fiscalista a descalificar la iniciativa, que no se trata aquí de crear nuevas y complejas estructuras burocráticas, sino –justamente- de hacer más eficientes las múltiples intervenciones estatales en torno a la noche y sus manifestaciones (desde el Ministerio de Seguridad, el de Género, el de Trabajo,  la Sedronar, el Inadi, el Injuve, y hasta la AFIP, por nombrar solo algunas), que por débiles, dispersas e inconexas no logran ser instrumentadas como una política potente y eficaz, capaz de disipar la sensación de desamparo que se apodera de las víctimas de hechos de violencia acaecidos en establecimientos o eventos nocturnos.

Pensamos en un organismo estatal que pueda abordar la nocturnidad desde distintas miradas. La primera de ellas es la del cuidado de la integridad física y de la vida de quienes la transitan. La segunda incluye la dimensión económica, la turística, la cultural, entre otras, que dan cuenta que para nosotros la noche no es solo un espacio a controlar sino también a potenciar, porque genera puestos de trabajo y promueve nuestras expresiones artísticas y culturales.

La tercera es la mirada comunitaria: la inclusión de un Consejo Consultivo en el organigrama de la Agencia, es una apuesta por la participación de lo que algunos llaman la sociedad civil y nosotros preferimos llamar la comunidad. En ese sentido, hay una consigna que utilizan las organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, que sintetiza claramente el espíritu del que pretendemos empapar esta iniciativa: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Parafraseando aquella consigna, en este caso decimos: nada sobre la noche sin los jóvenes, nada sobre la noche sin las mujeres, nada sobre la noche sin los trabajadores y los empresarios de la noche, nada sobre la noche sin los artistas y los músicos que la animan, nada sobre la noche sin los familiares de las víctimas de la violencia en establecimientos nocturnos.