La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad un proyecto de ley para expropiar la empresa Dow Química Argentina SRL, cuya planta se encuentra en la localidad de Puerto San Martín. 

La iniciativa, que giró a Diputados, fue impulsado por Armando Traferri (San Lorenzo), para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la compañía del cordón industrial.

El proyecto, que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados para su tratamiento, establece que se declare de utilidad pública la planta, permitiendo así su expropiación para garantizar la continuidad de las operaciones y la preservación de las fuentes de trabajo. En este sentido, el Poder Ejecutivo provincial tendrá la facultad de convocar a inversores privados interesados en asumir la operación de la planta, asegurando que el proceso productivo continúe sin interrupciones.

"Hoy damos un paso fundamental en la defensa de los puestos de trabajo y en la búsqueda de soluciones concretas para nuestra comunidad", destacó Traferri. "La expropiación es un mecanismo necesario en situaciones críticas como la que enfrentamos, y estoy convencido de que hay empresas con capacidad y disposición para mantener la producción de polioxi propilenglicol y éteres glicólicos, insumos esenciales para diversas industrias".
 

La fábrica multinacional de productos agroquímicos Dow cerró su planta en la ciudad de Puerto General San Martín, sin aviso previo y con la notificación de despido a unos 40 operarios, que en realidad son 120 si se cuentan todas las reparticiones de la empresa, más allá del sector de producción.

Las razones que aduce la empresa para el cierre se vinculan con una estrategia global de la compañía, orientada a concentrar mayor poder de mercado y optimizar su eficiencia a nivel internacional. El propio sindicato de petroquímicos Soepu descartó que hubiera problemas de índole económico, financiero, aspectos jurídicos o productivos.

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Rebeldía multinacional

Mientras transcurre el trámite legislativo, el sindicato químico denunció la desobediencia de la patronal a la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo provincial.

“Es manifiesta la postura de la empresa de entenderse por encima de la Ley, por encima del gobierno, ni que decir, por encima de los trabajadores. Estamos ante una corporación motivada simplemente por el fortalecimiento de su rol monopólico, maximizando ganancias y no respetando el derecho de los trabajadores ni las autoridades provinciales”, dijo Maximiliano Brizuela, secretario general del Soepu.

En el gremio dicen que van a “exigirle a la empresa que cumpla la Ley” y a demostrarle “la fuerza de los gremios del cordón industrial”. “La empresa debe ser sancionada, debe acatar la conciliación, y debe permitir el ingreso de los trabajadores a la planta. No nos podemos dar el lujo de cortar la producción de una industria nacional que es rentable. La Ley debe ser igual para todos, y ninguna empresa puede creerse que está por encima de ella”, aseveraron.