Dos diputados del parlamento israelí impulsaron una propuesta de ley que busca convertir en delito la evangelización en su tierra, con una pena de un año de prisión. Bajo este proyecto que alertó a la comunidad cristiana en el mundo podrían ser condenados a un año de prisión quienes fomenten la conversión a su fe.

La controvertida legislación fue propuesta por dos legisladores ultra ortodoxos, Moshe Gafni y Yaakov Asher, del bloque Judaísmo Unido de la Torá.

La ley se aplicaría a cualquiera que intente persuadir a alguien para que cambie sus creencias religiosas, específicamente, hacia la fe cristiana. También prohibiría a los cristianos entablar conversaciones religiosas con judíos.

Según precisaron desde el sitio Infovaticana.com, los legisladores arguyeron que "recientemente, los intentos de grupos misioneros, principalmente cristianos, para solicitar la conversión de la religión han aumentado".

Se trata de dos miembros ultraortodoxos de la nueva coalición de gobierno de Benjamín Netanyahu, una coalición que avanza con reformas judiciales y de otras áreas, que desde enero pasado generaron reacciones en miles de israelíes, quienes realizan semanalmente manifestaciones de protesta para expresarse contra el avance de esos proyectos, a los que tildan de “anti democráticos”.

Desde el sitio web de noticias del Vaticano destacaron que “muchos observadores han visto en la propuesta un síntoma preocupante de radicalización en el lugar, precisamente donde nació y murió Jesucristo, llamado por los cristianos Tierra Santa”.

Para el gobierno de Benyamín Netanyahu, ya asediado por acusaciones de corrupción, sería una verdadera catástrofe que este proyecto tuviera algún apoyo, ya que uno de los grupos más cercanos al primer ministro fuera de Israel son precisamente los evangélicos en Estados Unidos, más de sesenta millones (seiscientos a escala mundial).

El ex embajador de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, quien sirvió durante la administración Trump-Pence, es el primer líder estadounidense en advertir públicamente que este nuevo proyecto de ley representa una amenaza masiva para la libertad de expresión, los derechos humanos y la libertad religiosa.