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El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó en 1,4 millones los nuevos pobres en los primeros cinco meses de la gestión Cambiemos y planteó la necesidad de “una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste” implementado por el gobierno de Mauricio Macri.

El dato es impactante: entre diciembre y abril último, la cantidad de pobres aumentó en un 1,4 millón y que "más de 400 mil personas se sumaron a la indigencia", en un contexto en el que "los programas sociales fueron un buen cinturón de seguridad" para los sectores más desprotegidos. La UCA contabilizó un total de 13 millones de pobres, que implican un salto del 29% de fines de 2015 al 32,6% en abril.

Con el título "Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social", el informe fue presentado por el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia.

El equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y el 2015, es decir, los últimos 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió como un "diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada" por la administración de Mauricio Macri y los "urgentes desafíos" que se plantean.

El trabajo mantiene un equilibrio entre "los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica" de los últimos años que, según Salvia, no contribuyeron a erradicar la "pobreza extrema" (que afecta a 4 millones de personas) y los "costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses".

Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que "no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores".

Medidas que no alcanzan

En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca "soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar" considera que se han tomado medidas de alivio para atravesar la "tan inevitable como dolorosa transición" pero que -por lo general- se adoptaron "de manera tardía".

Entre esas medidas se destaca el aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados.

En ese marco, advierte que "el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social", sino también los "millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”.