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Febrero se convertirá en un mes de arranque en Santa Fe. A lo largo de los 28 días se definirán una serie de cuestiones administrativas y de calce político que significarán una suerte de despegue para la gestión provincial.

La variable más importante parece ser el destino de las emergencias en materia seguridad, social, alimentaria y sanitaria en, pedidas por el Ejecutivo provincial y que ingresarán esta semana a la Legislatura. Las mismas son presentadas en la previa como determinantes por el oficialismo.

“El presente proyecto tiene como objetivo que el Estado se valga lícitamente de los medios necesarios e imprescindibles que le permitan revertir la situación que lleva a declarar el estado de necesidad pública”, explica el mensaje del gobernador y descarta “que las potestades otorgadas se transforman en poderes ilimitados” como critica parte de la oposición.

El gobierno ata parte de su gestión a la aprobación del paquete. Un ejemplo claro es el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por 180 días. El viernes se lo hizo por 60 días. En caso de aprobarse la emergencia se extenderá cuatro meses más. Lo mismo sucede con el boleto educativo gratuito.

El proyecto incluye la renegociación de la deuda flotante y con los contratistas, y prioriza las áreas social y sanitaria. Además, se piden facultades para reformar contratos y suspender por noventa días, las licitaciones y concursos en marcha.

Con el comienzo del mes también vuelve a funcionar la administración pública luego del receso durante todo enero dispuesto por el gobierno provincial. El vocero Leonardo Ricciardino justificó la decisión en que “hubo un cambio de administración y un cambio de color político, por lo que hay que reorganizar todas las oficinas y áreas”.

Por otro lado, termina la feria judicial y la Justicia sale del letargo anual en que las causas quedan demoradas. Este año las críticas se evidenciaron luego de la ola de crímenes durante las dos primeras semanas de enero. El Ministerio Público de la Acusación fue el foco por frenar las investigaciones y dejar en pie sólo las guardias. Pero no sólo en materia penal se reactivará la Justicia sino en otros fueros. El caso Vicentin podría activarse a la par.

Por último, será el mes de las paritarias. Los gremios docentes salieron a anticipar una negociación “dura” en el marco del descontento por la eliminación de la cláusula gatillo. Será el primer desafío político por fuera de la Legislatura que deberá atravesar el gobierno.