Horas tensas frente al Congreso por otra marcha, luego de la represión policial
Como cada miércoles, los jubilados vuelven a ejercer su derecho a manifestarse y reclamar por sus mínimos haberes. Muchas organizaciones apoyarán. Pero de fondo, se abre la incertidumbre por la reacción del gobierno, resuelto a no perder la escena de la calle. El antecedente fue la brutal represión de hace una semana
Este miércoles, como cada semana, jubilados se concentrarán desde las 17 frente al Congreso de la Nación para sostener su reclamo ante el ajuste extremo al que lo somete la política económica de Javier Milei y Luis Caputo. La manifestación de hoy se produce en medio de la expectativa por una nueva gran convocatoria, luego de la represión sufrida la semana pasada, cuando las fuerzas de seguridad enfrentaron a los manifestantes con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.
El saldo de la protesta anterior fue de 124 detenidos y al menos 46 personas heridas, entre ellas el reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra internado de gravedad después de recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza. A pesar de las imágenes que circularon, el Ministerio de Seguridad sostuvo que Grillo fue herido por un proyectil que habría sido lanzado a gran distancia, una versión que fue respaldada por la ministra Patricia Bullrich, quien insistió en que el gendarme actuó según el protocolo.
Otro de los hechos que generó gran repercusión fue la agresión sufrida por Beatriz Blanco, una jubilada de 81 años que fue golpeada por un policía y terminó cayendo al suelo, golpeándose la cabeza. Blanco, quien participa activamente de las marchas cada miércoles, desafió a la ministra Bullrich a que la llamara "vieja patotera" en persona, como había expresado la funcionaria en un reciente comentario.
Tras los incidentes, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos de esa tarde, ajustada a derecho y argumentando que estaba en juego el derecho constitucional a la protesta. Pero esa decisión generó una fuerte reacción por parte del Gobierno, que denunció a la magistrada por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
El llamado a la protesta ha sido respaldado por diversas organizaciones sociales y sindicales, como las dos CTA, ATE, UTEP, Polo Obrero, FOL y sectores de la CGT, así como por varias hinchadas de fútbol que se sumarán nuevamente a la manifestación.
En respuesta a los recientes hechos de represión, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, bajo la conducción de Martín Cormick, decidirá este miércoles realizar una observación presencial de la manifestación para monitorear el cumplimiento del Protocolo Antipiquetes. Esta medida fue solicitada por organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, el Sipreba y el CELS, quienes expresaron su preocupación por la posibilidad de que se repitan las agresiones y detenciones arbitrarias. Además, hicieron un llamado para garantizar la seguridad de los periodistas y el derecho a la libertad de expresión durante las protestas.