El juez rosarino, Ezequiel Zabale, rechazó una solicitud de los partidos La Libertad Avanza, Vida y Familia, y el diputado Nicolás Mayoraz para que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 14.384, que establece la necesidad de una reforma constitucional en Santa Fe.

Los demandantes argumentaron que la ley vulnera derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, y pidieron la suspensión cautelar de su aplicación, así como la interrupción de la elección de convencionales prevista para abril.

Zabale decidió que no había razones suficientes para impedir la elección, citando que la ley no presentaba vicios de representación ni impedimentos para su realización. 

También destacó que la declaración de inconstitucionalidad es un recurso excepcional que solo debe utilizarse cuando la incompatibilidad con la Constitución es evidente.

El juez otorgó legitimación activa a los demandantes para presentar su acción, a pesar de que el Gobierno provincial había intentado invalidarla. 

Amparo en suspenso

Esta decisión se conoció pocos días después de haber escuchado a los peticionantes y a la Fiscalía de Estado representada por su titular, Domingo Rondina. 

La controversia surgió después de la sanción de la ley el 6 de diciembre, cuando los partidos argumentaron que la Legislatura excedió sus facultades al establecer detalles sobre cómo deben ser reformados ciertos puntos de la Constitución.

La presentación oficial la efectuaron el 20 de diciembre los partidos La Libertad Avanza (Distrito Santa Fe) y Vida y Familia, conjuntamente con Mayoraz quien lo hizo como ciudadano santafesino y en su carácter de abogado, e interpusieron una acción de amparo contra el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

En dicha presentación pidieron que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2, 5, 6 y 9 en forma parcial de la ley 14.384, y suspenda cautelarmente sus efectos por “constituir un acto de autoridad pública que de forma inminente lesiona y restringe con ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, Provincial y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.