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El gobierno provincial confirmó este miércoles que la administración y operación de la Autopista Provincial AP - 01 “Brigadier General Estanislao López”, que une a Rosario con la capital de Santa Fe, estará a cargo de Vialidad Provincial por el término de un año.

"Durante este plazo el ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, establecerá un modelo definitivo de gestión del corredor, para su remisión a la Legislatura", indicaron desde la Casa Gris, a través de un comunicado.

Esta decisión se debe, en primer lugar, a la finalización del vínculo con la concesionaria, desde el 31 de marzo, y en segundo término, porque "se pueden optimizar mejor los recursos, teniendo en cuenta que las obras de reparación y carpeta las viene desarrollando la Administración General de Vialidad Provincial".

Desde 2010, la autovía había sido administrada por Arssa, una UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por las compañías que se dividían casi toda la obra pública de la provincia. Pero en 2017, el por entonces titular de la Casa Gris, Miguel Lifschitz, decidió romper el vínculo por el incumplimiento de uno de los objetivos centrales fijados en la licitación: la repavimentación total de la traza. 

Los informes técnicos realizados por dos facultades de la UNR concluyeron que la empresa repavimentó apenas el 24% de la traza y que no respetó los estándares de calidad exigidos por contrato. El perjuicio económico para las arcas del Estado se calculó en 1.554,8 millones de pesos. 

Con el decreto de recisión sobre la mesa, diputados y senadores de la oposición exigieron que el Tribunal de Cuentas, órgano que debe determinar las responsabilidades en las percepciones y/o inversiones con dinero público, se expida sobre lo actuado.

El pronunciamiento nunca llegó. Sin embargo, a fines de abril del 2018, el Fiscal de Estado, Pablo Saccone ordenó revisar el contrato por no haber “suficiente claridad y precisión” en la recisión del vínculo.

Ante ese pedido, Lifschitz ordenó someter a revisión el convenio de extinción por mutuo acuerdo celebrado entre la provincia y Arssa. Le ordenó al ministerio de Infraestructura, a cargo de José León Garibay, “la implementación de un procedimiento definitivo de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes (o, incluso a terceros) en la frustración del contrato en un plazo de 180 días”. Se contrató a un estudio privado para dicha evaluación.

El informe avaló la intención inicial del gobierno de cerrar el capítulo con Arrsa sin peleas jurídicas. “Déjese establecido que la extinción de común acuerdo es sin culpas para las partes. No existen derechos pendientes para ninguna de las partes sobre las cuestiones involucradas en la relación contractual que se extingue”, se lee en el decreto Nº 90 publicado el 1º de febrero de 2018.

Finalmente, la autopista Rosario - Santa Fe quedó en manos del Estado provincial luego de tres años donde el fideicomiso público denominado “Vial Santa Fe” tapó el bache que dejó Arssa y se hizo cargo de la autovía.