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El ministro de Infraestructura y Transporte provincial, José Garibay, reveló este lunes que el proceso licitatorio para volver a concesionar la autopista Brigadier López, entre Rosario y Santa Fe, no cumplió con las expectativas del gobierno. Por esto, no se abrirá el segundo sobre de la oferta, donde se expone el aspecto económico de cada propuesta.

A principios de mayo, solo una propuesta había sido presentada en la primera apertura de sobres licitatorios para la concesión de la ruta. Se trataba de una unión transitoria de empresas (UTE) entre las constructoras Edeca y Supercemento, que en 2010 había sido objetada por el Tribunal de Cuentas santafesino debido a una adjudicación directa irregular.

Al quedar desierta la licitación, la Provincia estudia la posibilidad de que un fideicomiso, administrado por el Banco Municipal de Rosario, se haga cargo del corredor.

“Estamos en término de tomar una definición sobre el tema. Como venimos comentando, la licitación para la concesión con una sola oferta no nos satisface; y dado el planteo que han hecho nuestros propios legisladores, un planteo sobre la posibilidad de que sea el estado quien administre el corredor ya que no hay una inversión que haga el privado, esta semana el gobernador va terminar de tomar una decisión sobre qué pasos seguir: si seguimos con la concesión o si establecemos este modelo de gestión pública de fideicomiso”, comentó el ministro, según publicó el diario El Litoral.

Malos antecedentes

En 2010, Hermes Binner, como gobernador en ese momento, había firmado la concesión directa y por seis meses de la autopista a las firmas Edeca y Supercemento. Tal decisión fue objetada por el Tribunal de Cuentas de la provincia que no veía la “urgencia” para que en dicho caso se hubiera sorteado la licitación que fija la ley. 

En tanto, Miguel Lifschitz ordenó una marcha atrás con la decisión de liquidar la concesión de Arssa sin revisar lo actuado. Fue el efecto de una denuncia de legisladores del PJ que divulgaron una lista de incumplimientos contractuales cometidos por la última concesionaria de la autopista, y atribuyeron a los órganos de control del Estado provincial una actitud pasiva ante ello, a pesar de los reiterados pedidos de informe surgidos desde el Poder Legislativo.

Según la enumeración del informe, las obras que Arssa debía hacer y no hizo superan los 1500 millones de pesos. Todo en concepto de obras de repavimentación y mantenimiento que, ahora que el Ejecutivo rescindió la concesión, correrá por cuenta del erario público.