La Unión Europea (UE), el mayor bloque de integración global, dio un paso decisivo para
reafirmar su compromiso con la democracia. El dato es especialmente relevante en una
época signada por la destrucción de agrupaciones políticas antisistema, el auge de la
derecha radicalizada y la tendencia de algunos regímenes políticos a inclinarse por
conductas autoritarias.

En concreto, lo que sucedió es que el Tribunal de Justicia de la UE desestimó durante la
última semana los recursos presentados por los gobiernos de Hungría y de Polonia contra
el reglamento comunitario que desde el 1º de enero de 2021 permite suspender el giro de
fondos europeos hacia aquellos países miembros en los cuales la vulnerabilidad del Estado
de derecho pone en peligro su adecuada gestión.

La norma fue aprobada junto al mayor esfuerzo presupuestario en la historia de la UE -
dos billones de euros entre el presupuesto comunitario y el fondo de recuperación- con el
objetivo de evitar que el dinero de los y las contribuyentes del bloque regional acabe
malgastado o tergiversado por los gobiernos de países que no respetan los derechos de
las minorías, la independencia judicial, la separación efectiva de los tres poderes del
Estado, la libertad de expresión y que no disponen de controles confiables.

Los afectados

Los principales afectados por la medida son los gobiernos del húngaro Viktor Orbán y del
polaco Mateusz Morawiecki, quienes se sintieron perjudicados por el nuevo reglamento y
con razón. Eso se debe a que tanto el gobierno de Hungría como el de Polonia ingresaron
hace tiempo en una espiral de erosión del Estado de derecho e impulso de conductas
reaccionarias que condujeron a que, actualmente, ambos países no alcanzaron a cumplir
aquellos criterios que les permitieron ingresar en la UE en 2004.

Los dos países adoptaron sin prisa y sin pausa posiciones cada vez más reaccionarias,
conservadoras y antiderechos. El giro autoritario comenzó hace más de una década
mediante la incorporación de “leyes mordazas” tendientes a controlar a los medios de
comunicación e internet. Continuó con sucesivos avances del Poder Ejecutivo frente al
Legislativo y el Judicial, el socavamiento de la gobernabilidad democrática y el avance de
medidas tendientes a afianzar el sistema patriarcal, LGBTIfóbico y discriminatorio.
También se produjo un notable avance del antisemitismo y la xenofobia.

Los gobiernos húngaro y polaco avanzaron por este camino conscientemente y con la
especulación de que los instrumentos con los que contaba la UE para frenarlos eran
limitados y difíciles de aplicar. Por ejemplo, el artículo 7º del Tratado de la UE, que es el
instrumento legal más poderoso para hacer recapacitar a un miembro díscolo y contemplar
como máxima sanción la suspensión del derecho a voto en el Consejo de la UE, requiere
una unanimidad que le permite a Orbán ya Morawiecki protegerse mediante
la aplicación del poder de veto.

Además, la impunidad de los gobiernos de Polonia y de Hungría se vio alimentada
durante mucho tiempo por el acceso a las generosas y multimillonarias ayudas
comunitarias que permitieron la transformación económica de ambos países y facilitaron
que sus gobiernos ofrecieran programas de asistencia social utilizados para garantizar su
propia prosperidad electoral. Solo entre 2014 y 2020, Polonia recibió 91.300 millones de
euros en fondos estructurales, o 2.400 euros por habitante. En el caso de Hungría, 2.750
euros por habitante y un total de 27.200 millones de euros. En ambos casos, se prevé un crecimiento de esas cifras hacia 2027 como consecuencia de las ayudas europeas para
paliar el impacto de la pandemia de Covid-19.

En suma, los gobiernos de Polonia y Hungría combaten el ordenamiento jurídico de la UE,
pero no quieren irse del bloque comunitario. Lo que quieren es recibir el dinero pero sin
respetar las reglas del Estado de derecho.

Un poderoso instrumento de control

La sentencia adoptada por el Tribunal de Justicia europeo registró puntualmente que el
respeto de los valores del Estado de derecho “no puede reducirse a una obligación a la
que esté sujeto un Estado candidato para adherirse a la Unión y de la que eximirse
después de su adhesión pueda”.

De este modo, la Comisión Europea dispone ahora de un instrumento de control de los
fondos comunitarios si la involución de Orbán y Morawiecki no garantiza una gestión del
dinero acorde a los principios del Estado de derecho.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró que se aplicó un rajatabla el
reglamento tan pronto disponemos de pruebas para actuar. Por la misma razón, la
instrucción de los expedientes debe ser lo más rápida posible, tal como lo ha exigido el
Parlamento Europeo.

Pese a que la presunción de inocencia es un derecho innegable, existen indicios de
desvíos de fondos hacia empresarios allegados al gobierno particularmente en Hungría y
la Republica Checa. La Fiscalía europea también solicitó a la Comisión que investigue el
caso de Eslovenia con el aval del reglamento comunitario refrendado ahora por el tribunal.

La sentencia fue clara: la Comisión y el Consejo -encargado de aprobar cualquier posible
sanción- ya no tienen excusas y deben actuar de manera expeditiva contra aquellos
gobiernos que socavan los valores y los derechos fundamentales de la UE mientras
aprovechan sus fondos con evidentes conflictos de interés y una curiosa tolerancia con la
corrupción.

El tiempo probará si estos mecanismos funcionan efectivamente para frenar las aventuras
autoritarias y si son dignos de emular en otros bloques regionales.

En estos tiempos es difícil no dejarse seducir por el canto de sirena de los regímenes
autoritarios que buscan la asociación de “democracia” con “fracaso económico” para
legitimarse. Por el contrario, resulta prácticamente imposible alcanzar la justicia social sin
corrupción, sin garantizar en simultáneo el ejercicio pleno de la democracia y el Estado de
derecho.