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Un olor a humo de la quema de los pastizales se iba filtrando por el aire acondicionado en la primera sesión ordinaria del año en el Concejo, que comenzó avanzada la tarde del miércoles.  Pero sobre tablas no se debatió sobre el problema de las islas entrerrianas, y en cambio se resolvieron entre otros temas, el de reclamar acciones al Ejecutivo sobre el fallo judicial que avaló la aplicación Cabify para que continúe funcionando en la ciudad.

Luego de una apertura formal a manos del intendente Pablo Javkin, y del cierre de una atrasada reunión parlamentaria, poco antes de las 18, los ediles deliberaron sobre tablas en temas donde no faltaron las chicanas de siempre entre el bloque Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, en torno a la suspensión del sistema de movilidad jubilatoria, así como a la decisión de declarar de interés un libro de investigación científica sobre citas de Cristina Fernández de Kirchner, realizado por la investigadora rosarina de UNR-Conicet Irene Gindin.

En la tarde calurosa del recinto deliberante se aprobó una actividad (que será el 18 de marzo) para conocer la situación económica de la empresa Vicentin luego de su pedido de quiebra, y hasta se coló el tema del Coronavirus -con la incertidumbre acerca de un paciente internado en Rosario que poco después se descartó-, de la mano de Germana Figueroa Casas que pidió información a las carteras de Salud de los tres niveles del Estado “para que se difunda públicamente así como el descacharrado preventivo que previene el dengue, y como hace años pasó con la Gripe A”.

En el marco del 8M, se aprobó por unanimidad que el lunes próximo (por el paro en el marco del día de las mujeres), el transporte urbano de pasajeros sea gratuito por la tarde. Y la presidenta del Concejo exhortó a todos los ediles a participar de una capacitación (que será obligatoria) que se dará cita el próximo viernes sobre violencia de género en la esfera pública, evento consensuado en el marco de la Ley Micaela.

Además, la edila Norma López agradeció la decisión mancomunada de un pedido de informes al Ejecutivo que busca relacionar el caso de la muerte del joven Carlos Orellano en el boliche Ming junto al río con un caso del año 2013, donde un similar modus operandi de golpes, torturas y posterior desecho en el río fue padecido por otro joven, de nombre Lautaro Ruiz, quien afortunadamente sobrevivió al hecho. Se trata de esta forma de aportar a la investigación judicial con información sobre “una práctica de tortura sistemática en los locales bailables de Rosario, si se suma el caso de Pichón Escobar”.

Qué hacer con Cabify 

Hace una semana aún no comenzaban las sesiones ordinarias de las comisiones en el Concejo cuando la jueza en lo Civil y Comercial Lucrecia Mantello admitió el pedido de amparo de la aplicación Cabify, habilitando de vuelta su funcionamiento en los móviles de la ciudad, lo que alertó nuevamente al palacio legislativo local.

Bajo el expediente N° 254578, el concejal Eduardo Toniolli propuso su decreto (votado a favor por unanimidad) para encomendar al Ejecutivo un informe sobre su expediente administrativo a Cabify, objeto de la cuestión, ya que fue en torno a éste el recurso de amparo que la app logró que la jueza le diera la derecha.

“Cabify no estaba habilitado para remises ni taxis, pero lo hacen remiserías y taxistas. La muni suspendió la aplicación, ésta siguió funcionando, y entonces se dispuso la clausura. La empresa apeló y hoy un fallo de una jueza determina que se le habilite el funcionamiento porque se agarran de la formalidad de que la Municipalidad no les deja ver el expediente administrativo, y así los empresarios encontraron la ventana de la habilitación legal y violaron sistemáticamente las normas locales”, se quejó el concejal peronista.

Bajo este panorama pidió “que ese expediente se remita a este cuerpo para conocer cuáles son las actuaciones municipales”, conocer si el Ejecutivo procederá a apelar el fallo judicial, y “desde una perspectiva política, conocer cuál va a ser el tenor de la intervención del Municipio frente a una empresa que mostró su vocación por violar las normas de una ciudad donde presta su servicio”.

Reclamó un accionar municipal recordando “que previo, durante a la suspensión, e inclusive después de la clausura, Cabify funcionó “violando la norma local (así como busca UBER),  despachando viajes de remises, taxis, particulares o lo q se le ocurra. Entendemos q es inaceptable en Rosario, la norma no lo permite. Y en todo caso, si quieren presentar una reforma a la norma, que lo presente a este cuerpo y lo discutiremos”.

En su opinión, tras el fallo “se está galvanizando el camino de entrada a empresas que tienen propuestas de incorporar algo que en nuestra ciudad está prohibido, que es el transporte privado de pasajeros: como en la mayoría de las ciudades del país rige el monopolio del Municipio en el TUP. Tenemos un servicio público regulado, y dependemos de este”.

Finalizó destacando que “el rol del Estado es regular el servicio público para no poner en riesgo ese servicio esencial y público para la ciudad”.