Ley de alquileres: graves consecuencias a inquilinos si el Gobierno la voltea

Referentes de la población que alquila su vivienda encendieron alarmas ante la revelación de que el Gobierno estudia la emisión de un decreto que suspendería los términos de la Ley Nacional de Alquileres, resistida con enjundia y lobby parlamentario por la corporación de las inmobiliarias de todo el país.

Convocan, entonces, para una concentración el martes 11 frente al Congreso de la Nación, para resistir la interrupción de la ley.

"Es cierto que hay un gran problema con el alquiler, los inquilinos hoy viven un calvario con el valor precio, con los términos de contratación, con la falta de inmuebles por la especulación inmobiliaria, por la extorsión de las exigencias de garantías y las presiones de las inmobiliarias y los propietarios para renovar un contrato formal del alquiler" sostuvo Nire Roldán, presidente de Concejalía Popular de Rosario, una organización civil que impulsó la ley nacional y atiende puntual la problemática de los inquilinos.

Pero “también es cierto que el mismo Presidente Alberto Fernández que nunca puso en vigencia el articulado de la Ley Nacional de Alquileres, como el Programa Nacional de Alquiler Social, un Registro Nacional de Contratos con los datos de la Inscripción en AFIP, el Sistema de Mediación Nacional Gratuita ante conflictos con el alquiler, y tampoco el poder de policía ante los incumplimientos de la normativa legal por parte de especuladores inmobiliarios que hacen contratos en negro”, amplió.
 

En ese sentido, señaló que "resulta que ahora quieren hacer un Decreto de Necesidad y Urgencia para favorecer la presión de los actores inmobiliarios que nunca aceptaron una normativa que solo se proponía frenar los abusos a los más débiles", reprochó Roldán. 

“Hoy convocamos a todas las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Inquilinos y Pymes Locatarios para una reunión nacional de Defensa de los derechos de millones de Inquilinas e inquilinos que sufren la expulsión a las periferias urbanas y la violación de sus derechos a un hábitat digno y un alquiler justo”. 

“Será una grave irresponsabilidad”

“Si la ley se suspende, no habrá marco regulatorio. Es decir, se podrán firmar contratos por uno mes o dos meses, con aumentos mensuales, cobrando de depósito lo que quieran”, sostuvo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.

“Suspender la ley no es la solución a la realidad que padecen los inquilinos, por el contrario, provocaría un vacío legal que agravará la ya difícil situación que se atraviesa”.

“El problema para los inquilinos es claro, un contexto de inflación altísima e ingresos en caída libre, sumado a un mercado inmobiliario que no para de especular, que se concentra cada vez más, que está dolarizado y piensa la vivienda como negocio, sin ningún tipo de control y regulación por parte del Estado, haciendo inaccesible la vivienda en nuestro país”.

“En vez de discutir cómo regular el precio de los alquileres, qué hacer con la cantidad creciente de vivienda vacías o cómo avanzar hacia una política integral de vivienda que proteja a los inquilinos, como se está haciendo en las principales ciudades del mundo, se pretende dejar todo en manos del mercado, para que hagan lo que quieran y que los inquilinos se las arreglen como puedan o terminen en la calle”.

“Es terminar haciendo lo que propuso Juntos por el Cambio el año pasado en el Congreso, es decir, contratos cortos, aumentos trimestrales y precios definidos de manera unilateral por el mercado por arriba de la inflación”. “Una claudicación total ante el mercado y la derecha”, afirmó Artola.

“Sería una irresponsabilidad total que se tome esta decisión, con consecuencias críticas para todos los inquilinos”, concluyó