El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, afirmó que no vetará el proyecto aprobado por la Legislatura provincial donde se autofaculta para remover de su cargo tanto a fiscales como a defensores. “El proyecto ha contado con un respaldo político que no se puede discutir”, justificó.

A fines de noviembre, la Legislatura provincial sancionó, sin debate y en una resolución exprés, una ley que modifica la manera en que pueden desplazarse de su cargo los fiscales en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y los defensores del Servicio Provincial de Defensa Penal. Esta decisión queda ahora en manos justamente del cuerpo legislativo. Y más aún con la decisión de Lifschitz de no vetar la ley.

“No habrá veto ni total ni parcial” afirmó al diario El Litoral. Además negó haber participado en la sanción de la norma. “Se venía conversando con el propio fiscal general, con la Corte, con legisladores, la idea de hacer algunas modificaciones a la estructura del MPA pero de ninguna manera ese proyecto que finalmente fue aprobado”, apuntó.

 La última carta con la que contaban los fiscales y defensores, que en las últimas semanas se manifestaron en contra al interpretar que afecta la independencia de poderes, era que el gobernador bajara el pulgar y firmara el veto. Sin embargo, esto hubiese significado un ruido político con costo y todo, más aún a dos semanas de cerrar el año. 

Luego justificó su decisión en  que el proyecto contó con respaldo “no solo unánime sino convencido de todo el arco político”. “Le he planteado a los fiscales y a los defensores que hay que armar una mesa de diálogo con legisladores, con la Corte, con el Ministerio de Justicia y conversar a futuro si es necesario algún tipo de modificación, de retoque, de ajuste, pero evidentemente el proyecto ha contado con un respaldo político que no se puede discutir”, finalizó.