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El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, criticó duramente este miércoles la presentación que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hizo ante la Corte Suprema de Justicia para modificar el Fondo del Conurbano y advirtió que “si se diera curso a esa demanda pondríamos a todas las provincias en una situación de quebranto económico, e ingobernabilidad política, cosa que sería gravísimo para la Argentina”. 

El socialista formó parte de un encuentro junto a otros 20 mandatarios provinciales donde se consensuó un documento que afirma que “la pretensión de Buenos Aires perjudica al resto de las provincias y municipios”, que sobre este tema debe “darse un debate entre Nación, las provincias y el Congreso” y que pide al máximo tribunal que “no tome resolución alguna hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones”.

“En principio pedimos que este tema no sea resuelto por la Corte hasta tanto no se escuche a las provincias, y no haya un avance de acuerdos entre Nación, las provincias, y el Congreso nacional, donde creemos es el ámbito para resolverse estos temas”, explicó. Lifschitz sostuvo que el encuentro “es muy importante y es una señal política inédita en la Argentina, donde distintos gobernadores de distintos partidos políticos se ponen de acuerdo en un tema en común, un tema que nos afecta a todos”.

“Planteamos la gravedad de la situación en la que se pondría a las provincias de avanzar esta presentación de Buenos Aires. Por otro lado, manifestar nuestra vocación de diálogo, y de búsqueda de consensos y acuerdos”, afirmó.

Asimismo, Lifschitz advirtió que “evidentemente las discusiones entre provincia y Nación sobre el tema de recursos es histórico, no es que se plantea solamente ahora, lo que ocurre es que la demanda que hace la provincia de Buenos Aire ponen en crisis el sistema, con lo cual hay que buscar otro camino, que como acordamos entre todos es el camino del diálogo entre Nación y provincias, en el marco del Congreso Nacional”.

El pedido de Vidal

El Fondo del Conurbano, creado en 1992 y fondeado con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, tiene establecido desde 1996 un tope de 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, y el excedente se reparte entre las restantes provincias. Ese límite es lo que el gobierno bonaerense pretende eliminar. 

En una demanda ante la Corte Suprema contra el Estado Nacional, en la que todas las demás provincias argentinas son "terceros citados", la provincia de Buenos Aires exige la declaración de inconstitucionalidad del tope de 650 millones de pesos, lo cual le devolvería a la provincia el 10 por ciento del impuesto a las ganancias para sus arcas. 

La demanda bonaerense incluye, si el reclamo por el tope no prospera, que se declare inconstitucional la exclusión de la provincia del reparto del remanente del fondo y del 4 por ciento de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación.