Las desvinculaciones de personal resueltas por el Ejecutivo provincial resultaron 187 en total, luego de que este miércoles se conocieran primero 154. A las 24 trabajadoras de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad que iban a acceder a planta permanente del Estado, y a otros 130 del Ministerio de Educación, se sumaron 6 del Ministerio de Producción y 27 de Enerfe (sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado provincial, abocada a operar y ampliar el gasoducto en Santa Fe).

Se trata de empleados y empleadas que se desempeñaban desde antes de 2022, a los que la gestión de Omar Perotti dispuso el 6 de diciembre pasar a planta permanente, según acuerdo en paritarias con los sindicatos ATE y UPCN. Una comisión revisora encomendada por la administración de Maximiliano Pullaro recomendó dar marcha atrás con aquellas incorporaciones y bloqueó la medida.

La réplica gremial llegó enseguida. "Lo del Ejecutivo es una barbaridad. Todos estos compañeros reúnen las condiciones acordadas en paritarias. Entraron (a trabajar) antes de diciembre de 2022, no están encuadrados dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal", indicó el titular de ATE Santa Fe, Jorge Hoffman, en diálogo con RosarioPlus.com.

Con eso se refirió a la norma que impide al Poder Ejecutivo a incorporar personal en los 6 meses previos al final de su mandato, "salvo obligaciones contraídas antes de esa fecha". Por lo tanto, Hoffman dedujo: "Ambos requisitos se cumplieron, sólo les faltó la toma de posesión que este gobierno les niega, y así los deja cesantes. Quieren ponerse en onda con la motosierra (declamada por el presidente Javier Milei). Varios ministros no les gusta para nada esta decisión, pero... obediencia debida", protestó el titular de ATE.

La toma de posesión del cargo es un requisito, y ahí estriba lo que los trabajadores consideraron una trampa adrede del gobierno. A las 24 personas que integraban los equipos Ley Micaela y Masculinidades por la Igualdad les comunicaron el 12 de enero "de manera informal" que debían dejar de concurrir al lugar de trabajo. De esa manera, la posesión del cargo no se cumplió, y por lo tanto, habilitó la desvinculación.

El ex ministro de trabajo en el gobierno anterior, Juan Manuel Pusineri, por su parte, ratificó "la legalidad de lo actuado" y defendió la legitimidad de esas incorporaciones como un derecho laboral. Dijo que los pases a planta estuvieron contemplados en la Ley de Presupuesto 2023 que votaron incluso legisladores que hoy componen el oficialismo del frente Unidos. 

"Las paritarias se celebraron y ejecutaron en función de ello y en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los decretos no fueron objetados por Tribunal de Cuentas de la Provincia", remarcó Pusineri.

El ex funcionario señaló que los fundamentos de la purga "no superan la base de legalidad sobre la que se asientan los actos administrativos dictados por nuestra gestión". Y advirtió que de esta manera Pullaro expone al Estado provincial a cuestionamientos en el marco de las obligaciones contraídas durante una negociación colectiva refrendada por la Organización Internacional del Trabajo.

El Consejo Directivo de ATE anticipó reacciones de índole gremial y judicial. Reprocha que "el propio Poder Ejecutivo que debió dar la toma de posesión es quien argumenta que ese es el motivo principal de las cesantías". Por lo cual, apunta el sindicato a que el Ejecutivo "vulnera el derecho a la estabilidad del empleo público y cuestiona un acuerdo paritario que dio el marco legal a estos pases a planta. Acuerdo paritario que tuvo su respaldo en la Ley de Presupuesto 2023 que autorizó a crear los cargos necesarios para el pase a planta permanente de Contratados con anterioridad al 15 de diciembre de 2022".

El comunicado de ATE convalida la revisión de lo actuado, pero no la manera. "Es inadmisible poner un manto de sospecha sobre los/as trabajadores/as que pasaron a planta y que en su mayoría son del sector de Salud. Son quienes nos cuidaron, vacunaron y atendieron a nuestras familias durante la pandemia y hoy están cubriendo cargos esenciales en el sistema de salud. El Poder Ejecutivo no tiene necesidad de solicitar esa información a cada trabajador/a. Cuenta con ella en los sistemas de Recursos Humanos de cada ministerio", expuso.