La secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol, aseguró que se "impresionó mucho" al verse en la lista de personas que habrían sido espiadas sin orden judicial desde la Agencia Federal de Inteligencia y señaló: "Esto no solamente es gravísimo, sino que es un delito".

Por eso que se sumará a otros funcionarios y dirigentes para presentarse como querellantes en la causa originada a partir de la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Espero que haya voluntad dentro del Poder Judicial para avanzar rápidamente en la investigación", sostuvo Puyol, quien indicó que hará la presentación junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, y la directora provincial de Derechos Humanos, Valeria Silva, debido a que las tres integran la nómina de víctimas.

"Junto con Valeria Silva (militante de HIJOS Santa Fe) venimos desde hace años trabajando en las causas judiciales por delitos de lesa humanidad donde vemos cómo se perseguía, espiaba y controlaba a la gente y pensábamos que no iba a pasar nunca más", indicó la militante de DDHH, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9. "Verme en la lista me impresionó mucho", agregó.

La funcionaria provincial afirmó que la denuncia que la interventora de la AFI Cristina Caamaño radicó ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Jorge Di Lello "es muy importante" porque "es un paso muy importante en el control de los servicios de inteligencia". "Tienen que servir para defensa y protección del país frente a potencias extranjeras", dijo.

"No solamente es gravísimo, sino que es un delito", apunto Lucila y comentó: "Es un golpe muy grande a la democracia, a la institucionalidad y al respeto a los Derechos Humanos".

Entre el centenar de espiados que denunció Caamaño se cuentan algunos nombres de la política santafesina, además de Puyol, como: el gobernador Omar Perotti, la militante de HIJOS Santa Fe Valeria Silva; el diputado nacional Marcos Cleri, el dirigente nacional del Movimiento Evita Gerardo Rico, el ex embajador por Cambiemos, Mario Barletta, y Delfina Supisiche, allegada a la Fundación Igualar, cercana al PJ. 

"Se utilizaron recursos y herramientas del estado para perseguir opositores y a gente propio", comentó la militante, en relación al espionaje a la ex titular de la Oficina Anticorrupción y confesa enamorada de Mauricio Macri, Laura Alonso; el entonces jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot; el periodista Luis Majul; los radicales y socios políticos Mario Negri, Ernesto Sanz y Ángel Rozas, entre otros.

"No es que no supiéramos ni que no pensáramos que esto sucedía, pero me parece que necesitábamos esto (denuncia) para que no haya más dudas", señaló la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y concluyó: "Ahora lo va a investigar la Justicia".