México ha pasado a formar parte del grupo de países que eliminó la penalización del aborto en todo su territorio. La decisión fue del Poder Judicial, característica similar aunque en sentido contrario a lo sucedido el año pasado en los Estados Unidos. Allí también fue la Corte Suprema la que revocó el fallo Roe versus Wade, que establecía el derecho constitucional de las mujeres a abortar.

Volviendo a México, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que criminalizaban el aborto. La sentencia fue aprobada por unanimidad, lo que supone que su cumplimiento es obligatorio para todas y todos los jueces locales y federales. Por lo tanto, ya ninguna mujer ni personal de salud enfrentará castigos por someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, los organismos de salud competentes deberán brindar este servicio.

El paso siguiente deberá darlo el Congreso, que tendrá que modificar el texto del Código Penal.

Antecedentes mexicanos

Detrás de la medida hubo un trabajo organizado y estratégico por parte de organizaciones feministas. A lo largo del tiempo, se presentaron amparos para eliminar el delito de interrupción voluntaria del embarazo en los códigos penales de los Estados del país donde no se lo había despenalizado por parte de los poderes legislativos, incluido el federal. Hasta lograr la sentencia que lo cambió todo.

Antes de la decisión final de la SCJN, 12 de los 32 Estados del país permitían a las mujeres la interrupción del embarazo, con distintas variantes en torno al límite de tiempo de gestación. El camino se había iniciado cuando la capital mexicana despenalizó el aborto en 2007.

En septiembre de 2021 se produjo un hito cuando la SCJN declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. De esa manera, estableció que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar, lo que obligó desde ese momento a los y las jueces a desechar esos casos penales. Esa resolución se refería a las leyes de los estados de Coahuila y Sinaloa, pero el fallo judicial sentó el precedente para su aplicación en el resto de Estados de México por haberse adoptado con mayoría calificada de la Corte.

La sentencia actual es una respuesta al amparo presentado también en 2021 por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización con 25 años de trabajo en la persecución del cumplimiento de los derechos reproductivos en México, además de haber instalado en la agenda política temas prioritarios desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, tales como la anticoncepción, la violencia obstétrica, la muerte materna, la reproducción asistida y la conciliación de la vida laboral con la vida personal.

De esta manera, México se ha convertido en el último país latinoamericano en sumarse a la lista de aquellos que despenalizaron la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto en Latinoamérica

La situación está repartida entre entre aquellos países en los que la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada, aquellos en los que está prohibida sin excepciones y un tercer grupo de países que solamente permiten el aborto en circunstancias excepcionales.

Entre los países o territorios de Latinoamérica donde el aborto está despenalizado con determinados plazos de gestación, se encuentran Argentina (hasta las 14 semanas de gestación), Colombia (hasta las 24 semanas), Cuba (hasta las 12 semanas), Guyana (hasta las 8 semanas), Guayana Francesa (hasta las 12 semanas), Puerto Rico (sin limitación), Uruguay (hasta las 12 semanas) y ahora se agrega México.

Aquellos países donde está prevista en los códigos penales la prohibición sin excepciones de la interrupción involuntaria del embarazo son: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam.

En el resto de Latinoamérica, todos los países requieren justificaciones de alguna clase para permitir la interrupción del embarazo. Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, tienen algunas de las legislaciones más restrictivas y sólo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la persona gestante corra peligro. En el resto, se agregan motivos que van más allá del peligro de muerte o la amenaza a la salud de la persona gestante, aunque también hay matices.

Algunos países, como Chile y Brasil, incluyen también en sus códigos penales las variables de la violación y la inviabilidad del feto. En Bolivia, se incluye la causal de incesto y, en el caso de Belice, los factores socioeconómicos. En Ecuador, el aborto no es punible sólo en tres circunstancias: amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación e inviabilidad del embarazo.

Tendencias

En el plano global, puede señalarse que actualmente el aborto es legal bajo solicitud en 74 países, de acuerdo a los datos del Centro por los Derechos Reproductivos, donde el límite gestacional más común es de 12 semanas.

Se estima que la legislación restrictiva sobre la interrupción voluntaria del embarazo causa alrededor de 40 mil muertes al año por abortos clandestinos, la pérdida de oportunidades educativas y económicas de cientos de miles de mujeres y la profundización de la marginación histórica que recae sobre ellas.

La Organización Mundial de la Salud sostuvo recientemente que la atención del aborto seguro “es esencial para proteger la salud de las mujeres y las niñas en todo el mundo”.

Sin embargo, y pese a que en términos generales en el mundo se registran avances hacia mayores garantías en el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, algunos países emblemáticos como los Estados Unidos, China o Polonia (el único de Europa con restricciones severas) han mostrado retrocesos en la materia.

En Latinoamérica, el aborto legal es una medida reclamada durante años por distintos colectivos de mujeres, pero que también tiene muchos detractores. En Argentina, el aborto es legal desde que en 2020 el Congreso sancionó, tras varios meses de debates y audiencias públicas, la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, que regula y despenaliza la práctica. Sin embargo, el candidato presidencial con mayor intención de voto para las elecciones del próximo 22 de octubre, Javier Milei, se manifestó públicamente en contra de ese derecho. Afirmó que “haría un plebiscito” y que, en caso de que la ciudadanía se expresara en contra de la interrupción del embarazo, “eliminaría la ley”. “No es un derecho ganado”, sentenció, pasando por alto que solamente el Poder Legislativo tiene la facultad de legislar.

Pero ahora es el momento de México, que se encuentra en la antesala de otro hito histórico para las mujeres. Claudia Sheinbaum por el oficialismo y Xóchitl Gálvez por la oposición, disputarán la presidencia del país el 2 de junio de 2024. Que un país tradicionalista y socialmente conservador alumbre estos avances es significativo para toda la región.