Toda la dirigencia política de Santa Fe está tratando de digerir el impacto de la multitudinaria marcha del jueves en Rosario contra la inseguridad. El mensaje directo fue para quienes tienen responsabilidad de gobierno en la provincia y el municipio, para la justicia también, pero el hartazgo social por la escalada de violencia de los últimos años no hizo distinción de banderías políticas. Y por si algo faltaba, la gran cantidad de gente que se movilizó desde los Tribunales provinciales hasta la sede de Gobierno, criticó también al municipio por ni siquiera haber previsto un mínimo operativo de tránsito cuando se sabía que serían muchas las personas que se movilizarían por las calles céntricas de la ciudad. Fue tomado como un destrato más.

La intención del Ejecutivo provincial de compartir culpas con jueces y fiscales, rindió sus frutos. Un par de miembros de la Corte Suprema y algunos magistrados que intervinieron en casos resonantes recientes, fueron abucheados con la misma intensidad que recibieron las protestas el nombre del gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein.

Sin embargo, la movilización no se detuvo a criticar a la policía. La fuerza que aparece casi a diario en los medios vinculada a distintas economías delictuales y con altos índices de connivencia con el delito, quedó prácticamente exceptuada de la crítica. Se ve allí que aún hay una gran cantidad de ciudadanos que creen que la policía que tenemos es como es por culpa de la conducción política. A esta altura, quizás tengan razón.

Con todo, el discurso social evoluciona en el debate. Las primeras y minoritarias marchas y concentraciones pidiendo más seguridad, optaban casi siempre por mensajes de tono más violento. Reclamaban que la policía entrara a sangre y fuego a los barrios para acabar con la delincuencia. Luego pidieron leyes más duras para los delitos, y hoy reclaman simplemente que se cumpla con la ley vigente, que haya justicia y que la policía esté donde tenga que estar y haga lo que tenga que hacer.

Por su puesto la semana previa a la marcha se sucedieron los hechos que la dispararon. La provincia y la municipalidad trataron de mostrar reacción, pero ya era tarde. Los anuncios de ese momento se sumaron a una larga lista de promesas incumplidas y afloró claramente la imposibilidad de sostener esas medidas en el tiempo.

Las postales de “seguridad” que se vieron en estos días indican claramente que hasta el sentido demágogico se había perdido en el tema. Así reaparecieron los pequeños patrulleros eléctricos de las peatonales que hacía años no se los veía. Jefes de alto rango recorrieron las calles céntricas y los patrulleros iban y venían por las principales avenidas a toda hora. La Guardia Urbana municipal se instaló con sus vehículos en la intersección de Córdoba y San Martín pasadas las 9 de la noche, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo.

El mensaje fue recibido, pero las autoridades necesitarán mostrar algunos resultados concretos además del despliegue de fuerzas y vehículos por las calles.