En una medida que amenaza con destruir las bases del desarrollo científico en la Argentina, la Resolución 10/2025, publicada en el Boletín Oficial, consagra la eliminación de programas del extinto Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, transferidos ahora a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta resolución permite dar de baja proyectos que no cumplan con los criterios establecidos en el Plan Estratégico 2024-2025, priorizando únicamente áreas como agroindustria, minería y economía del conocimiento, dejando de lado otras líneas fundamentales de investigación y desarrollo.

El documento, firmado por Guillermo Francos, otorga a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología amplias facultades para rescindir convenios, exigir la devolución de fondos y ajustar programas en función de los recortes establecidos por las emergencias económicas decretadas. Según lo dispuesto, cualquier proyecto que no haya ejecutado más del 30% de sus fondos será eliminado, sin importar la relevancia de su impacto científico, tecnológico o social.

Un golpe fatal a la ciencia y la innovación

Expertos en el sector han calificado esta resolución como "un paso hacia el colapso del sistema científico argentino". Al centralizar los programas en un marco exclusivamente económico, no se consideran los efectos devastadores que este ajuste tendrá en áreas clave como biotecnología, ciencias básicas, energías renovables o salud, pilares esenciales para el desarrollo de un país soberano.

"Este desmantelamiento es un retroceso de décadas. La ciencia no se mide únicamente en términos de rentabilidad inmediata; se trata de construir un futuro sustentable, con conocimiento y soluciones que impactan a largo plazo en la vida de los argentinos", expresó un investigador del CONICET bajo condición de anonimato.

La excusa de la emergencia económica

La Resolución 10/2025 se apoya en la Ley N° 27.742 y el Decreto N° 70/2023, que establecen una emergencia económica para "reducir el gasto público y equilibrar las cuentas del Estado". Sin embargo, voces críticas señalan que las prioridades del gobierno parecen estar orientadas más a cerrar programas científicos que a fortalecer áreas estratégicas.

Mientras tanto, cientos de investigadores, técnicos y estudiantes quedan a la deriva, con incertidumbre sobre el futuro de sus proyectos y carreras. Los efectos ya se sienten en las universidades, donde disminuyen los recursos, y en los institutos de investigación que ven comprometidas sus capacidades operativas.

Frente a este escenario, organizaciones científicas, universidades y asociaciones civiles han comenzado a movilizarse. Convocan a marchas, asambleas y campañas en redes sociales para visibilizar el impacto de esta resolución.

"El conocimiento es lo que nos hace libres. No podemos permitir que lo destruyan en nombre de una emergencia que no ataca las raíces del problema. Exigimos que se revierta esta medida y se defienda la ciencia como un bien público", manifestó en un comunicado la Red Argentina de Investigadores Científicos (RAIC).

Con esta resolución, el gobierno abre un capítulo que podría marcar el declive de la ciencia nacional. En lugar de apostar por el futuro, parece decidido a hipotecarlo en nombre de una austeridad que, una vez más, golpea a quienes trabajan por el desarrollo y bienestar del país.