Desde la Cámara de Diputados provincial promueven una serie de iniciativas para poner freno a problemáticas de contaminación ambiental. En ese sentido, el legislador Carlos del Frade del Frente Social y Popular (FsyP) abordó la situación en varios frentes y pidió al Ejecutivo distintos informes sobre infracciones y multas que se labraron en los últimos cinco años a raíz del mal tratamiento de residuos peligrosos en Santa Fe.

A través de la solicitud buscan, por un lado, conocer los resultados de las últimas mediciones realizadas en la planta de Cargill, ubicada en Villa Gobernador Gálvez, sobre los proyectos químicos potencialmente tóxicos que se utilizan en la misma en los últimos cinco años y cuáles fueron las medidas tomadas por el gobierno santafesino por un lado y la empresa, por otro.

Del Frade también le sugiere al gobierno de Omar Perotti, que impulse con celeridad un estudio sobre la contaminación ambiental derivada de las fumigaciones en la localidad de Pueblo Andino, a partir de las denuncias de particulares que constataron la presencia de glifosato en sus propios organismos en cantidades preocupantes.

Respecto del primer pedido sobre multas e infracciones que se han labrado en los últimos 5 años en relación a residuos peligrosos, el referente del Frente Social y Popular resaltó que la cantidad de delitos por violación a la ley nacional de residuos peligrosos fue disminuyendo en los últimos años, según las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los datos indican que fueron 132 multas en 2017, 67 en 2018, unas 96 en el año 2019 y 35 en 2020. “Sin embargo los casos de la reapertura de la causa de Petroquímica Bermúdez, por un lado y de los caños contaminantes del Paraná, por otro, generan la necesidad de saber cómo están funcionando los controles en la provincia de Santa Fe”, requirió el diputado.

Según apuntó el legislador del FsyP, el estado santafesino “se ha caracterizado por tener una política atenta en esta materia, en líneas generales, especialmente porque exige a los generadores de residuos peligrosos que los traten fuera de los límites de la provincia”.

En ese sentido, la Ley 13959 exige a los generadores de residuos peligrosos que los traten en otras provincias y el pago de una tasa de medio litro de gas oil por kilogramo de residuos tratados fuera de la provincia.

“Es necesario saber cuántas multas se cobraron en los últimos cinco años como también si la aplicación de esa tasa se viene produciendo con regularidad”, indicó Del Frade

Destacó que en el año 2020 se trataron afuera de la provincia 112 toneladas y en el 2021, 246 toneladas. En total 358 toneladas entre 2020 y lo que va de 2021.

“Costando el gas oil aproximadamente 100$/litro, el Ministerio de Ambiente debió cobrar casi 18 millones de pesos”, calculó el diputado.

El caso de Cargill

Respecto a la referencia sobre la planta de Cargill, Del Frade informó que su bloque tuvo acceso al llamado “Reporte sobre productos químicos potencialmente tóxicos en la industria aceitera del Cordón Industrial del Gran Rosario”, realizado por el doctor Mariano Mussi, médico epidemiólogo, asesor del Sindicato Obrero de las Empresas Aceiteras de Rosario

La información corresponde a la planta Cargill de Villa G. Galvez aunque trabajos de análisis colectivo permiten inferir su presencia en otras plantas aceiteras.

La información reúne aquellas sustancias denunciadas ante las autoridades de la SRT y que forman parte intrínseca del proceso de trabajo aceitero, así como aquellas otras utilizadas para el control de plagas (herbicidas, rodenticidas, antifúngicos) y para las cuales no existe denuncia ante las autoridades.

“Esta banca solicita saber cuáles fueron los resultados de los últimos informes realizados en la planta de Cargill en Villa Gobernador Gálvez y cuáles fueron las medidas tomadas tanto por el gobierno como por la empresa”, exigió el diputado del FSyP.