El “tractorazo” del “campo” dejó expuestas varias aristas. La primera es que ni por asomo se trata de un bloque sólido y organizado como en la época de la 125 y su poder de convocatoria residió más que nada en la estructura de Cambiemos para movilizar. También quedó claro que la marcha se nutrió -como durante la pandemia- de extremos  irreconciliables con cualquier política pública que dicte no sólo este gobierno, sino el Estado mismo al que se objeta de manera permanente como estructura.

Por otro lado el tractorazo se hizo aún asegurando, como lo hizo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, que está descartada cualquier suba de retenciones. Si ese sector político no puede entender que está ante un ministro que es experto en el tema, que es sumamente moderado en lo político y que debería ser considerado como aliado; es porque no se quiere dialogar y lo único importante realmente es enfrentar a la gestión.

El ministro de Economía Martín Guzmán ya explicó que la mayor parte de lo que se denomina comúnmente “el campo”, queda excluido del gravamen que debatirá el Congreso sobre la “renta inesperada” derivada de la situación internacional, principalmente de la guerra en Ucrania.

Casi el único reclamo que quedaba entonces eran los dos puntos que subieron las retenciones para los derivados de la soja como el aceite y la harina, que fueron a engordar el fideicomiso que intenta sostener el precio del trigo en el mercado interno para que el pan no se transforme en un alimento de lujo.

Esa crítica ya la recibió el gobierno nacional y casi la totalidad del arco político de Santa Fe firmó un claro documento al respecto. Es más, el jueves durante el remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario, el secretario de Agricultura y Ganadería de la nación Matías Lestani escuchó sin pestañear lo que decía el presidente de esa institución, Miguel Simioni, sobre el particular.

El cuestionamiento de fondo, sin embargo, pasa por el argumento falaz de que este es un país con una carga impositiva insoportable. Un argumento que “compra” hasta el más pequeños de los comerciantes que sí se une en sentimiento y a veces también en acción, a los que son el principal problema: Los grandes empresarios que no quieren pagar lo que les corresponde para ir hacia un sistema más progresivo que tiene la simple finalidad de paguen más los que más tienen.

Esta semana, no casualmente antes del tractorazo, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) encendió la mecha al asegurar que en el país se pagan “164 impuestos” para volver a poner la semilla de la insoportable presión tributaria. Rápidamente, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que conduce Hernán Letcher, le contestó con un reporte que advierte que el Iaraf no sólo incluyó tributos sino también 41 tasas municipales, 27 derechos y 26 contribuciones que al menos en teoría siempre tienen una contraprestación de un servicio, cánones de concesiones de servicios públicos, el aporte extraordinario y por única vez de las grandes fortunas, fondos que se financian con gravámenes y los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales a la Seguridad Social (es decir, a la futura jubilación y a la obra social).

Letcher, que habló el viernes con Radio Sí98.9 también advirtió que el impuesto a las ganancias aparece cuadruplicado por sus cuatro categorías, al tiempo que recuerda que parte del monotributo no es tributo sino que financia la Seguridad Social. Por eso, concluye que sólo son impuestos el 36% de los 164 mencionados en el intencionado informe.

También se concluyó que Argentina se ubica en el puesto 43º sobre un total de 181 países relevados. A nivel latinoamericano aparece cuarta, detrás de Cuba, Brasil y Uruguay. El CEPA también advirtió que el 36,7% de la recaudación nacional proviene del IVA, seguido por Ganancias (26,6%) y las retenciones a la exportación y los aranceles a la importación (que en total suman el 15,1%). En cuanto a los ingresos provinciales, el 75,4% proviene de Ingresos Brutos, seguido por el de Sellos (8,7%), el Impuesto Inmobiliario (8,1%) y el Automotor (6,1%).

 El centro que dirige Letcher advierte que “se coloca el eje en la presión fiscal para ocultar el debate de fondo: la regresividad de nuestro sistema tributario” y recuerda que en Europa los impuestos que gravan a los más ganan (Ganancias) y los que más tienen (al patrimonio) suponen el 55% de la recaudación, contra el 38% en la Argentina.