Rodríguez Larreta usó la videovigilancia de calle para espiar a todos
Un juez ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial de las cámaras en Ciudad de Buenos Aires. Se detectaron 7 millones de consultas al Renaper. Entre los espiados está Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
El Gobierno de Ciudad de Buenos Aires se valió del sistema de videocámaras de vigilancia pública con reconocimiento facial para acceder a los datos biométricos de unos 7 millones de personas sin que hubiere un requerimiento judicial para ello. Una insólita intromisión a la vida privada por parte del Estado, en este caso el de la ciudad capital. Entre los vigilados se cuentan el Presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Fernández de Kirchner y cientos de personalidades de la militancia por los derechos humanos, la política, la Justicia, el espectáculo, el deporte.
El juez porteño Roberto Gallardo abrió una investigación que este miércoles publica el diario Página/12, y lo hizo a partir del recurso de amparo que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) presentara contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), que rige en CABA desde abril de 2019.
El dispositivo se aplicó en origen para encontrar personas prófugas de la Justicia, un universo no mayor a 50 mil personas, según el matutino. Pero resultó que el Ministerio de Seguridad porteño a partir de esa herramienta, realizó 9,9 millones de consultas al Registro Nacional de las Personas (Renaper) entre abril de 2019 y marzo de 2022.
No eran fugitivos los que requería el Gobierno porteño. Entre tantas entradas al sistema, hay unas 250 en procura de hacer seguimiento a Cristina Fernández de Kirchner, otras varias a las Madres de Plaza de Mayo Estela de Carlotto o Hebe de Bonafini. También hurgó en los datos de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni –uno de los escogidos por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para confrontar por las protestas callejeras–, Juan Grabois o la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman, señala Página/12.
La lista de espiados incluye a la fiscal Gabriela Boquin, que denunció el acuerdo ruinoso que el Gobierno de Mauricio Macri intentó para cerrar la deuda de su empresa familiar, Correo Argentino. También a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, al exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni o el actual supremo Carlos Rosenkrantz. Pero también a propios de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich (enfrentada en la interna al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta) y Elisa Carrió.
“No resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas o con pedido de captura”, evaluó el juez Gallardo al ordenar la suspensión del SNRP.
Por el momento, el mecanismo que describió Gallardo sobre el acceso a bases de datos del Estado es bastante parecido al que se investiga en la causa sobre el uso de la información de la Dirección Nacional de Migraciones durante el macrismo. Es una causa tan sensible que todos los jueces de Comodoro Py se excusaron porque sus movimientos habían sido revisados.
"La Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados", explicó en la nota Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones sociales que interviene en el caso. "Esto involucraría que el software tiene capacidad de hacer vigilancia sobre una gran parte de la población y es parte de uno de los debates de derechos humanos más actuales acerca de cómo el Estado obtiene información", señaló.
El magistrado hizo allanar el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, que es el organismo que aplica el sistema. El ministro Marcelo D’Alessandro no estuvo presente en el momento en que llegó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El dato contrasta con el momento en que Gallardo hizo una inspección al CMU de Chacarita meses atrás. En ese entonces, D’Alessandro estuvo allí y dijo que el SNRP había estado apagado durante toda la pandemia. A priori, el juzgado tiene datos que estarían en contradicción con lo que informó el ministro porteño.
Durante el allanamiento sí estuvieron representantes de Danaide SA, la empresa que le provee el software al gobierno porteño. Hubo un momento sospechoso cuando se cayó el sistema mientras los agentes de PSA migraban datos para ser analizados. Según dijeron fuentes a este diario, los representantes de la empresa se disculparon diciendo que se debió a un error de otra compañía que subcontratan.