La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresaron este lunes su "total apoyo" a la decisión del presidente Alberto Fernández de expropiar la cerealera Vicentín para garantizar "la continuidad laboral".

El secretario general de UATRE, Ramón Ayala, señaló su "total respaldo" a la decisión del Jefe de Estado, que garantizará "la continuidad laboral de los trabajadores, que estaba en riesgo".

"Los productores también serán beneficiados, porque la decisión asegurará el funcionamiento de una firma estratégica en un amplio sector económico", dijo.

Ayala felicitó a Roberto Gabriel Delgado por su designación como interventor en la compañía y señaló que el sindicato estará a "su disposición" para colaborar en todo aquello que pueda ser "útil" para su gestión, concluyó el dirigente, según un comunicado del secretario de Actas, Prensa y Propaganda, Alberto Barra.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Presidente intervino hoy la cerealera y precisó que la totalidad de los activos financieros de Vicentín integrarán un fondo fiduciario a cargo de YPF Agro, y que también enviará al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso concursal.

Delgado es economista, se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y es especialista en finanzas y economía agropecuaria.

La conducción nacional de ATE, a cargo de Hugo Godoy y Rodolfo Aguiar, respaldó también la intervención y expropiación de Vicentín y dijo que fue "un primer paso muy importante porque era un eje rector estratégico para controlar los precios", y porque permitirá crear "un Estado mucho más fuerte y autónomo".

Un documento firmado por Aguiar, titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Río Negro, sostuvo que la Argentina necesita "una empresa testigo en el comercio exterior de granos y la producción de aceite y alimentos", y reseñó que Vicentín trabaja con casi 2.600 pequeños productores.

"Esas decisiones permiten crear un Estado mucho más fuerte y con mayor nivel de autonomía, y autoriza a soñar con una salida de la pandemia de coronavirus a partir de políticas a favor del empleo y la producción. La crisis sanitaria, social y económica es aguda, y son esas las determinaciones que se necesitan", afirmó.

Aguiar puntualizó que "la injerencia del Estado permitirá que esas cientos de familias afectadas por empresarios inescrupulosos no se queden sin una fuente esencial de labor".

"Durante los últimos cuatro años las políticas estatales solo favorecieron a los grandes grupos empresarios y económicos", enfatizó.

La CTA respaldó la decisión para garantizar los empleos

Los secretarios general y de Comunicación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y Carlos Girotti, respaldaron la decisión presidencial  y aseguraron que ello garantizará "los empleos".

Un documento firmado por los dirigentes apoyó el decreto presidencial de intervención y sostuvo que esa empresa fue declarada "de utilidad pública" y que el proyecto de ley que se enviará al Congreso permitirá su expropiación.

"De ese modo, el gobierno nacional se aseguró que los trabajadores de esas plantas continúen en sus puestos laborales y que los 2.600 productores que operan con la compañía sigan relacionados", puntualizaron en el documento.