La definición del emplazamiento de la estación elevadora de líquidos cloacales en San Lorenzo encrespa el ánimo de vecinos y parte de la oposición al intendente Leonardo Raimundo. Es que la obra, a instancias del jefe municipal, cambiará de lugar respecto de lo que había proyectado Aguas Santafesinas SA y se instalará arriba de la barranca, sobre un terreno privado que está rodeado por casas de familia, en una zona densamente poblada de la costa sanlorencina.

A más de un observador no se le escapa que el predio elegido tiene un valor inmobiliario superlativo por situarse en la zona más cotizada de la Ciudad Histórica: tiene el tamaño de dos manzanas, entre calles San Luis, Colón, pasaje Schettini y la barranca del Paraná. En derredor dominan el panorama coquetas residencias familiares y barranca abajo está el Club Náutico. 

El concejal opositor Marcelo Remondino reveló la situación que ya moviliza al vecindario alarmado ante la situación futura de convivir sin remedio junto a una planta de tratamiento de líquidos cloacales. El edil, en diálogo con RosarioPlus, trazó una hipótesis que lo lleva a sospechar de intereses latentes de un negociado inmobiliario de fondo. "El terreno es privado, y si esto prospera tendrá que ser sometido a expropiación por parte del Estado provincial. Se sabe que en esos casos el Estado paga menos que el valor de mercado. Y ahí será cuando aparezca un especulador ofreciéndole al dueño una plata apenas superior a la que recibiría por la expropiación. El dueño se resignará a aceptar su chance menos mala, y el especulador se habrá hecho de un inmueble para futuros desarrollos inmobiliarios millonarios en dólares. Es decir, le van a comprar barato, apenas por encima del valor de expropiación", desplegó Remondino. Y recordó: "Una maniobra similar ocurrió cuando el gobierno socialista iba a expropiar una parcela junto a la autopista para hacer viviendas sociales, y el privado terminó vendiendo a la desarrolladora Aldic, investigada por lavado de dinero, y que terminó haciendo el barrio Tierra de Sueños".

La estación elevadora recibirá los residuos cloacales de San Lorenzo, pero también de Capitán Bermúdez y de Fray Luis Beltrán. Poblaciones que hasta ahora, igual que Rosario, vierten ese caudal contaminante directamente al río Paraná. Pero además, recibirá los camiones atmosféricos que descargarán allí los residuos de los pozos negros.

En el caso de San Lorenzo, el flujo urbano sale por calle San Luis. Assa en 2012 consiguió con la Ordenanza nº 3360 el OK del Concejo Municipal de San Lorenzo la autorización de uso de suelo para instalar ahí abajo, al pie de la barranca, la planta de marras.

El sitio donde se emplazaría la planta de tratamiento cloacal, en la ribera sanlorencina.
El sitio donde se emplazaría la planta de tratamiento cloacal, en la ribera sanlorencina.

La empresa provincial tardó en conseguir el financiamiento pertinente, hasta que pudo realizar el estudio de impacto ambiental en 2014, y presentarlo a la Secretaría de Medio Ambiente provincial, que lo aprobó.

Pero el 7 de noviembre pasado llegó al Concejo una nota del Ejecutivo firmada por el intendente Raimundo en la que exhorta a modificar el emplazamiento de la planta de Assa. El jefe municipal alegó razones de "revisión técnica" y la posibilidad de que la obra cause desmoronamientos en la barranca, tal como ha ocurrido antes. Por todo eso, recomendó construir la estación de bombeo y depuración en la esquina noreste del terreno privado referido. Y eso motivó la sospecha que develó Remondino. 

"Si hay riesgo de desmoronamiento, por qué se autorizó la construcción de edificios de departamentos sobre la barranca misma del río, y qué hace entonces el club Náutico ahí, y hasta la propia Municipalidad está construyendo un camino bajo la barranca", planteó entonces el concejal. 

A medida que el vecindario se fue enterando de la propuesta del Ejecutivo sanlorencino, fue creciendo el escozor de los vecinos inmediatos que presuponen las adversidades de vivir a metros de una planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Esta semana hubo un reunión en la sede Rosario de Assa con autoridades sanlorencinas. Por el Concejo, los ediles de la oposición se enteraron después de realizada esa junta. Por ello, Remondino se quejó ante la empresa prestadora del servicio público en una nota: "Assa tiene la obligación de hacer transparente todo acto que realice, caso contrario, podría considerarse, que se trataría  de una actitud que despierta desconfianza. La falta de transparencia en las actos gubernamentales y los procesos de toma de decisiones, frecuentemente y  a menudo, viene  relacionada con escándalos de corrupción, mala toma de decisiones, falta de responsabilidad de los funcionarios públicos", advirtió.