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El gobierno de Santa Fe adhirió a la ley nacional de emergencia alimentaria y social, que entre sus principales puntos permite un incremento de partidas destinadas a programas sociales para los sectores más vulnerables, dijeron voceros oficiales. En el anuncio, el gobernador Miguel Lifschitz puso como contexto el ajuste del gobierno nacional en su asistencia social a las provincias. 

Lo hizo a través del decreto 2875/19, firmado por Lifschitz y la mayoría de los integrantes de su gabinete de ministros, entre ellos, el de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías.

Con la adhesión a la ley sancionada por el Senado el 18 de septiembre pasado, los ministros de Desarrollo Social, Jorge Álvarez; de Salud, Andrea Uboldi; de Educación, Claudia Balagué; de Economía, Gonzalo Saglione; y de Gobierno, Farías, quedaron habilitados para modificar o adecuar partidas para programas sociales.

La idea central es garantizar el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria de la población santafesina, de acuerdo al texto del decreto, publicado en el Boletín Oficial en su edición del 2 de octubre.

El ministro Álvarez será el coordinador de una comisión de seguimiento que estará integrada por funcionarios de todos los ministerios involucrados, que podrá ampliarse con organizaciones de la sociedad civil que puedan prestar su colaboración.

También prevé el decreto que los ministerios y secretarías profundicen el trabajo con los gobiernos municipales y comunales para llegar con mayor eficacia a los sectores sociales más afectados por carencias alimentarias.

En el texto Lifschitz menciona que los recursos provenientes de la Nación sufrieron recortes y en ese sentido señala que "frente a tal situación y en aras de amortiguar el inevitable impacto de la crisis, se procedió a elevar de inmediato el presupuesto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social", con 600 millones de pesos a septiembre de este año.