Un candidato a Fiscal General, bajo la lupa por su falta de perspectiva de género
Se trata de Roberto Prieu Mántaras, que lleva una extensa carrera en la Justicia de la ciudad de Santa Fe. Señalan su trabajo en causas relacionadas con mujeres e infancias y una estrecha relación con la organización Grávida.
Uno de los candidatos mejor posicionados en la terna para el nuevo fiscal general y todos los regionales es el camarista de Apelaciones, Roberto Prieu Mántaras, de extensa carrera en la Justicia capitalina y sobre quien se dieron señalamientos de falta de perspectiva de género en diversos fallos bajo su órbita. Para aplicar al puesto de Fiscal General rindió hace pocos días la capacitación Ley Micaela (obligatoria para ejercer el cargo), y aún adeuda el examen aprobado.
Se trata del delfín del ex presidente de la Corte Rafael Gutiérrez así como del peronismo en el Poder Judicial. A eso se suma el rumor de que el propio gobernador prefiere a Prieu Mántara por ser alguien del centro de la provincia, en detrimento de los dos rosarinos, posicionados desde el progresisimo: María Cecilia Vranicich (auditora del MPA) y Javier Beltramone (juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario). También tienen posibilidades de acceder a la terna María Eugenia Iribarren (la fiscal regional subrogante de Rosario), Rubén Darío Martínez (regional de Reconquista) y Luis Schiappa Pietra (fiscal de Rosario conocido por su persecución a las bandas narco).
Camarista cuestionado por falta de perspectiva
Lo que se conoce de la carrera de Prieu Mántaras es que proviene del seno mismo del Poder Judicial, donde comenzó en Vera como administrativo. Luego ascendió a secretario, después a juez y desde hace décadas oficia en la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Santa Fe. Es docente en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Católica de Santa Fe.
Sus fallos en asuntos de género enciende las alarmas tanto en sectores feministas de la Asociación de Fiscales como en la Legislatura. Prieu Mántaras fue uno de los camaristas que en 2011 le anularon la sentencia al monseñor Storni, un ex obispo que había sido condenado a ocho años por el delito de abuso sexual a un seminarista.
Luego del caso Storni, Prieu Mántaras revocó una sentencia que condenaba a un hombre por violación a una menor de edad en Rafaela, por “sentencia irrazonable”. El caso continuó en una condena por parte de la Corte Suprema de Justicia provincial.
A eso se suma que dio marcha atrás con una sanción a una psicóloga de Grávida que buscó impedir un aborto por ILE, caso anterior (aunque muy similar) al escandaloso caso del año pasado en que una niña fue cooptada por esa organización. En este caso de 2017, el propio Colegio de Psicólogos denunció y quitó la matrícula a la profesional. Tras el fallo de un Tribunal, la Cámara de Apelaciones de la que participa Mántaras anuló la sanción al ver procedente un recurso de inconstitucionalidad.
Varias fuentes confirmaron a este medio que el camarista se encuentra vinculado a este grupo católico, y tildaron ese hecho como “una protección política y judicial a Grávida”. Según las fuentes consultadas, “en las noticias del propio caso del obispo Storni se podía ver su falta de perspectiva de género y su visión misógina. Algo que se evidencia en que realizó recién ahora la capacitación Ley Micaela, que aun le resta rendir”.
La preocupación por el perfil de quien podría llegar a convertirse en el fiscal general de toda la provincia deviene en que “si bien en los círculos judiciales y legislativos es conocido por sus actuaciones de protección a violentos, su figura aun es desconocida por los colectivos feministas, probablemente por no ser una figura central como camarista de Segunda Instancia. Pero consideramos que esto deberá ser tomado en cuenta a la hora de que el gobernador Perotti defina, para llevar luego los pliegos a la Asamblea Legislativa”, finalizó la fuente.
Según se conoció, el camarista también estuvo en contra del sistema acusatorio actual en sus inicios porque le quitaba poder a los jueces, y aprobó sistemáticamente los recursos de inconstitucionalidad contra el MPA. Cabe recordar que en abril de 2022 el colectivo de mujeres que integra el MPA emitió un comunicado exigiendo que se respete la paridad de género en los cargos de decisión del organismo. Un punto de vista que podría desfavorecerlo además de los fallos sin perspectiva mencionados. En ese sentido serían Vranicich y María Eugenia Iribarren dos mujeres que continúan con posibilidades de acceder al máximo cargo de conducción del MPA.