Resulta paradójico que un país cuya denominación proviene de un río se quede sin agua. Pero es lo que le sucede a Uruguay. Hace ya unos dos meses, buena parte de la ciudadanía advirtió que el agua dejó de ser inodora, incolora e insípida para convertirse en salada y -en muchos casos- oscura. Cuando el reclamo se multiplicó y se hizo público, el gobierno finalmente ofreció explicaciones. El Ministerio de Salud Pública había cambiado la normativa reguladora de la potabilización del agua por parte de Obras Sanitarias del Estado. Aumentaron los niveles permitidos de cloruro de 300 miligramos por litro a 700, y de sodio de 200 a 400. Esas cifras superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La decisión se adoptó para poder responder a la escasez de agua, y, para eso, era preciso mezclar el agua del río Santa Lucía con la del Río de la Plata, que es mucho más salada.

El principal caudal que alimenta a la zona metropolitana de Montevideo, donde vive la mitad de la población del país, es precisamente el río Santa Lucía. Sobre él se encuentra Aguas Corrientes, la represa y mayor planta de potabilización de Uruguay, que se nutre de agua que se escurre de la tierra. Cuando esa agua no es suficiente, se usan las reservas provenientes de las represas de Canelón Grande y de Paso Severino, que están río arriba. La primera está seca y, la segunda, casi vacía. En consecuencia, la reserva de agua potable para el área metropolitana puede agotarse en pocos días.

Ante semejante cuadro de situación y, un poco a destiempo, el gobierno debió arbitrar medidas para racionalizar el uso de agua por parte de la población y restringir su utilización en distintos rubros, como por ejemplo los lavaderos. La refinería nacional debió adoptar medidas para evitar frenar la producción de combustible, que también usa agua en su proceso.

¿Por qué no hay agua en Uruguay?

Semejante crisis hídrica con impacto en más de la mitad de la población del país no tiene ni puede tener una única explicación. La sequía, generada por el fenómeno climático conocido como “La Niña”, golpea a Uruguay desde hace tres años, igual que a Argentina y a la región, con menos precipitaciones y más olas de calor. Pero si bien este es uno de los factores centrales, no es el único.

Entre las causas la crisis también se encuentran algunas ligadas directamente a la estructura productiva del país. Concretamente, al avance de la forestación, con especies de rápido crecimiento como el eucalipto. El sector forestal uruguayo se ha desarrollado principalmente en torno a la producción de celulosa, que este año se convertirá en el principal producto de exportación. Además, las plantas de celulosa producen energía eléctrica continua para la red nacional.

También debe tenerse en cuenta la intensificación agraria, que implica la degradación del suelo, a lo que se agrega la construcción clandestina de embalses para uso agropecuario y la desecación de humedales para extender la superficie dedicada a la agricultura y la ganadería.

Pero hay más, porque a las causas climáticas y de la estructura productiva, se le agrega un conjunto de causas políticas.

Desde distintos sectores de la sociedad civil se acusa al gobierno conservador de Luis Lacalle Pou de improvisación en el abordaje de una crisis que podría haberse previsto, y también de la implementación de políticas de ajuste que repercutieron negativamente sobre Obras Sanitarias del Estado. Concretamente: falta de inversión y control, y reducción de la planta de personal. Señalan además, que el gobierno apostó a que las obras de infraestructura necesarias -y muy dilatadas en el tiempo- recayeran en el sector privado.

La iniciativa del gobierno consistió en la construcción de una planta de toma y potabilización de agua en Arazatí, sobre el Río de la Plata, pero realizada por capitales privados. Su licitación fue anunciada grandilocuentemente por el presidente en noviembre de 2022, en contraste con el silencio que guarda actualmente. El mandatario delega la comunicación de las malas noticias a otros funcionarios.

Las resistencias al proyecto gubernamental se presentaron desde el primer momento por diversas razones. Una de ellas es que no parece adecuado dejar en manos de un privado el manejo de un recurso estratégico como el agua potable y su provisión. Pero además, se abrió un conflicto legal, porque el derecho al agua potable y al saneamiento está consagrado constitucionalmente como un derecho humano y, por lo tanto, su garantía recae en el Estado. En 2004, el 62 por ciento de la población votó por declarar el agua potable como derecho humano y así está expresado en el artículo 47 de la Constitución Nacional.

Además, el gobierno no supo cómo gestionar la crisis. La población no tuvo un anticipo de lo que sucedería, ni se instó con tiempo suficiente a racionalizar el uso de agua. Literalmente, el agua se volvió  intomable de un día para el otro. Y ahora se enfrenta lisa y llanamente la escasez.

Las empresas de venta de agua embotellada se están haciendo un festival y -como suele suceder- los sectores que peores expectativas tienen frente a esta crisis son los mismo de siempre, es decir, los más humildes, con especial peligro para la ancianidad y la niñez.

El reclamo por un diálogo nacional y un “mea culpa”

Las consecuencias de la crisis hídrica que atraviesa Uruguay son difíciles de prever. Se estima que toda la actividad biológica se ha visto afectada. En lo inmediato, la población de la zona metropolitana se quedará sin agua potable en pocos días.

A modo de superación de la “improvisación” endilgada al gobierno, desde distintas organizaciones políticas y sociales se le reclama la convocatoria a un “gran consenso nacional por el agua”. Los grupos ambientalistas persiguen la creación de grupos de trabajo para estudiar el impacto de la forestación y debatir la gestión del agua y del suelo, cuya principal forma de contaminación atribuyen al modelo agrícola y forestal.

Entre las principales demandas de trabajadores y trabajadoras, se apunta a frenar el proyecto de inversión privada, a incorporar personal y a la inversión estatal en obras sanitarias.

El mundo académico le reclama al poder Ejecutivo respuestas a las diversas propuestas con perspectivas integrales para el corto, mediano y largo plazo que se presentaron oportunamente y que sólo obtuvieron silencio.

En este contexto, el mayor gesto de lucidez y humildad para poner las cosas en perspectiva, provino del expresidente José “Pepe” Mujica. Con ánimo de achicar las discordias y crear un clima más propenso al diálogo, evitó cargar las tintas sobre un sector político en particular y asumió el error como propio de toda la dirigencia política en su conjunto. “Se me van a enojar, (pero) nos dormimos todos. Compartamos la responsabilidad”, expresó.

En referencia al déficit fiscal, Mujica también puso las cosas en perspectiva. Señaló que existía un proyecto y financiamiento para la construcción de una represa en Casupá, pero que se descartó debido a las preocupaciones sobre el déficit fiscal. En su lugar, se priorizó la construcción de una planta en la playa de Arazatí en San José para obtener agua del Río de la Plata como fuente alternativa. “Ay, el bendito déficit fiscal. Estaba el proyecto pronto y la financiación, pero hacía saltar el déficit fiscal para arriba, y podríamos haber hecho a tiempo Casupá”. Mujica mostró de modo amable que las cuentas deben cerrar para el Estado pero, más aún, para la ciudadanía que se supone que el Estado protege. 

Mientras tanto y contrariamente a las previsiones del servicio meteorológico para lo que resta del año, uruguayos y uruguayas rezan para que llueva.