Vicentin: fuertes exposiciones en Legislatura durante la audiencia pública
Diputados, acreedores, abogados, representantes gremiales, uno de los directivos de la empresa y fiscales realizaron descargos sobre la situación de la firma
Una audiencia pública a pedido de la Comisión de Seguimiento de la causa Vicentin se llevó a cabo este miércoles por la mañana en la Cámara de Diputados provincial. Además de los legisladores, participaron acreedores, abogados, representantes gremiales, uno de los directivos de la empresa y los fiscales que llevan adelante la investigación.
Durante las exposiciones, los diputados dejaron en claro que el objetivo de la Comisión es proteger los puestos laborales, la operatividad de la empresa y conocer el destino del dinero que adeuda Vicentin, equivalente a 1500 millones de dólares. En ese sentido, reclamaron al gobierno provincial y nacional participación en el asunto para colaborar con la investigación y evitar un vaciamiento total.
También participaron los fiscales de la unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, quienes expusieron sobre los avances en la investigación, y repararon en el tratamiento diferencial que tiene la Justicia con los imputados en este caso.
El único representante presente en nombre de la empresa fue Estanislao Bourgain, director independiente de Vicentin. Respaldó la última propuesta efectuada en el proceso concursal y ratificó que cuentan con las firmas suficientes para lograr la homologación. Además defendió la venta de activos por la que se investiga a Omar Scarel y consideró que esa era “la única forma transparente de pagar”.
El estado de la causa
Luego de la Audiencia, el diputado provincial y encargado de presidirla, Luis Rubeo, aseguró: "El gobierno de Santa fe tiene que dejar de mirar para otro lado, el gobernador Perotti tiene que convocar a todos los actores, sumar nuevamente al Gobierno Nacional y entre todos llevar adelante un nuevo diseño de administración”.
Para el legislador quedó demostrado en el recinto que la propuesta concursal que quiere llevar adelante el directorio de Vicentin “no tiene ninguna viabilidad, ni desde el punto de vista económico ni jurídico, así quedó demostrado por los fiscales presentes el día de la fecha”.
Por su parte, los legisladores y miembros de la Comisión, Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver y Carlos Del Frade hicieron hincapié en la necesidad de que intervengan provincia y Nación con el objetivo de encontrar una solución a la continuidad operativa de la empresa y evitar las pérdidas laborales.
En el mismo sentido, el abogado Gustavo Feldman (representante de uno de los productores acreedores más importantes) reclamó: “Me llama la atención y me apena que acá no haya nadie del Banco Nación. No puede faltar nadie de Nación ni del gobierno nacional”.
En tanto, destacó el rol de la Cámara de Diputados y de la Corte suprema de Justicia de la provincia por intervenir con el análisis del pedido de abocamiento del caso. Respecto a la oferta que el directorio, en la que ofrece la venta de activos cautelados, consideró: “No se puede usar el botín para pagar una deuda, eso es lo que pretende la propuesta de Vicentin”.
Sobre el final de la audiencia, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja dieron detalles sobre el avance de las investigaciones. El primero de ellos sostuvo: "La fiscalía está definiendo y finalizando la acusación contra los 14 directivos de Vicentin y 3 de Renova, por todos los hechos que tenemos imputados y en los que creemos todos tienen responsabilidad penal. Antes de fin de año, la acusación va a estar presentada".
A su turno, Narvaja aprovechó la oportunidad para dar su visión sobre el accionar de la Justicia ante este tipo de casos a los que calificó como "delitos de cuello blanco".
"El derecho penal está pensado con imputados débiles, con personas que solas se enfrentan al poder del Estado, pero en estos casos los acusados cuentan con más recursos técnicos y económicos que los que contamos funcionarios del Estado", deslizó.
Por último, concluyó: "Hay que poner un granito de arena para que se logre una aplicación justa de la ley, que tiene que vencer esta inercia de aplicación diferencial para delitos de cuello blanco".