Una falsa denuncia del por entonces ministro del Interior de la Nación, Alberto Rocamora, terminó propiciando que en horas de la madrugada del 20 de marzo de 1975 comenzara el capítulo más trágico de la historia de Villa Constitución.

Unos cuatro mil efectivos de las fuerzas policiales, trasladados en su mayoría en autos sin patente, ingresaron a la ciudad santafesina en una caravana de casi dos kilómetros. Esta invasión fue el comienzo del “Operativo Serpiente Roja del Paraná”, que consistió en una brutal persecución con represión, secuestros, torturas y asesinatos, con trabajadores metalúrgicos como principales objetivos de este genocidio que dejó un tendal final de más de 300 detenidos y más de 20 asesinatos.

Estos crímenes de lesa humanidad contra el movimiento obrero son considerados hoy, además, como una de las pruebas piloto que se llevaron a cabo en Argentina (junto con la de Tucumán en febrero de ese 1975) para el plan sistemático genocida que luego se aplicaría a nivel nacional a partir de un año más tarde, con la dictadura cívico-militar.

A 49 años del comienzo de aquella historia de horror, 25 personas se encuentran imputadas y están siendo juzgadas en los tribunales de la misma Villa Constitución, en un juicio que comenzó el pasado 13 de noviembre de 2023 (tras una insólita dilación de diez años) y que es la primera vez en la región que se juzga a empresarios y civiles por crímenes de terrorismo de Estado previos a 1976.

No obstante, el verdadero origen (o uno de ellos) de aquella masacre de 1975 puede situarse en realidad un año antes, en marzo de 1974, con la consolidación de la gran gesta obrera y popular que fue el primer “Villazo”.

El primer “Villazo”

A comienzos de la década del 70', algunas seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como la de Villa Constitución se encontraban intervenidas por disposición del secretario general nacional, Lorenzo Miguel, sin posibilidad de tener elecciones como sí sucedía en otras partes.

“En aquel momento, el secretariado nacional daba elecciones en todas las seccionales en las que las podía controlar y que podía ganar, pero en Villa no daba nunca porque las perdía”, relató a RosarioPlus.com Oscar ‘Pacho’ Juárez, delegado metalúrgico y protagonista en primera persona del “Villazo”, de su gestación previa y de la resistencia posterior.

En 1972, tras varios meses de actuación obligadamente semi-clandestina, corrientes sindicales metalúrgicas combativas como el "Movimiento de Recuperación Sindical" (MRS), el Grupo de Obreros Combativos del Acero (GOCA) y la Lista "7 de Septiembre" se propusieron ganar terreno a través de conquistar mediante elecciones las comisiones internas de las fábricas, para luego poder luchar con mayor peso por el fin de la intervención y por elecciones en la seccional.

“En aquella época, las diferencias no eran democráticas: eran profundas y eran violentas. Inmediatamente te acusaban de zurdo, de infiltrado, de subversivo, de lo que sea, y aparecían los matones, con la impunidad que les daba la policía de la ciudad, a meter bombas y hacer todo tipo de actos de amedrentamiento”, agregó Juárez sobre aquellos tiempos.

En diciembre de 1972, el MRS se presentó a las elecciones del cuerpo de delegados de la acería Acindar (presidida por José Martínez de Hoz) y consiguió la mayoría frente a la lista oficialista y una independiente, y en enero de 1973 ganaron las elecciones para la comisión interna de aquella fábrica, imponiéndose por firme mayoría contra la lista de los interventores.

A finales de ese año, el movimiento obrero metalúrgico volvió a ganar en el cuerpo de delegados y la comisión interna de Acindar, y aquellas proclamas comenzaron a expandirse hacia otras fábricas como Metcon, Marathon y Villber, que empezaron a luchar por elecciones internas. Así, y como una unión entre todas las corrientes anteriores, surgiría formalmente la Lista Marrón.

Como movimiento obrero unido, los trabajadores de las fábricas de la región movilizaron numerosas veces hacia la sede sindical para exigir el fin de la intervención, a lo que la dirección nacional de la UOM respondió manteniendo la misma, postergando las elecciones previstas para marzo de 1974 y además expulsando del gremio a la comisión interna de Acindar.

La respuesta de los obreros fue la ocupación de la acería, a la que luego se sumaron en apoyo las tomas de Metcon y Marathon, con asambleas que llegaron a alcanzar una participación de 7.000 personas. A las medidas de fuerza se irían sumando otros sectores que anunciaron paros en solidaridad como el portuario, el textil, el docente y el ferroviario, como así también vecinos y pequeños comerciantes.

Toda esta fuerza terminaría canalizándose el 12 de marzo de 1974, con un paro que incluyó una marcha hacia la plaza central de Villa Constitución que movilizó a miles de personas. Esta contundente muestra de lucha dejó como resultado un gran triunfo de la clase obrera, que fue la reincorporación de la comisión interna de Acindar, el apartamiento de los interventores y el llamado a elecciones, con la conformación de una comisión normalizadora hasta su realización.

El 16 de marzo, día que se dieron a conocer estas medidas, se puso fin a la huelga después de trece días y más de 12.000 personas -en una ciudad con población de 25.148- se movilizaron hacia la plaza para festejar el triunfo. Aquel, representaría el primer “Villazo”.

En noviembre de aquel año, finalmente se realizarían las elecciones en la seccional, con la Lista Marrón con Alberto Piccinini a la cabeza ganando la conducción y poniendo fin a la intervención después de cuatro años.

“Inmediatamente después de la amplia victoria de la Lista Marrón, las patronales militarizan las fábricas, con policía federal a Acindar y gendarmería a Metcon, y empieza en toda la ciudad a generarse un clima cada vez más de terror”, contextualizó Juárez, entonces delegado de Metcon e integrante del Comité de Lucha que condujo la huelga.

Mientras se ponían bombas en los locales en donde ellos se reunían, la Lista Marrón no necesitaba implementar ningún método que no sea el pacífico o el democrático, porque toda la gente estaba con ellos. “En Villa no existía ninguna obra social, no existía nada. Entonces, la familia metalúrgica, las mujeres, todos, apoyaban esta lucha de recuperar el sindicato y todo lo que implica tener una obra social, mutuales, beneficios sociales. La Marrón quería ganar el sindicato e ir por la recaudación que el Secretariado Nacional se hacía de los 7.000 metalúrgicos todos los meses, que eran los descuentos que nos hacían y que no volvían a Villa. Entonces, el respaldo era muy muy grande. Y ese respaldo en ningún momento se amilanó a la hora de que al pueblo lo reprimían, lo querían aterrorizar o intimidar. Jamás”, agregó.

Operativo “Serpiente Roja del Paraná”

Cuatro meses después del triunfo en las elecciones de la seccional, el 19 de marzo de 1975, el ministro Rocamora denunció que se estaba gestando “un complot subversivo tendiente a paralizar la actividad productiva, con epicentro en Villa Constitución”.

Aquella comunicación del Gobierno nacional también sería firmada por la presidenta, María Estela Martínez de Perón; el ministro de Defensa, Adolfo Savino; el de Justicia, Antonio Benítez; y el de Trabajo, Ricardo Otero. Ese fue el comienzo del llamado “Operativo Serpiente Roja del Paraná”.

Cuatro mil efectivos de la policía federal, provincial (con la guardia rural Los Pumas), Gendarmería y Prefectura, junto a integrantes de la Triple A, invadieron la pequeña localidad para comenzar con su ola de terror. Solo en aquellas 24 horas del 20 de marzo, cerca de 200 delegados fueron detenidos, secuestrados de sus fábricas y casas y torturados en albergues, y 19 terminaron siendo asesinados.

“El detonante fue la denuncia, pero también fue la conciencia de clase que tenía Villa Constitución, que tenía un movimiento obrero muy lúcido y que fue creciendo a la luz del Cordobazo, del Rosariazo, junto a un pueblo que acompañaba esas luchas”, apuntó Federico Pagliero, abogado de la APDH Regional Rosario y querellante en la causa.

“El plan económico que querían imponer, y que luego impusieron con el terrorismo de Estado, iba a ser imposible en Villa Constitución, y el germen de ese movimiento obrero y esa resistencia podía extenderse también a lo largo y a lo ancho del país. Lo quisieron exterminar, borrar del mapa, a partir del genocidio y el terrorismo de Estado que impusieron del 20 de marzo del ‘75 en adelante”, continuó.

Esta determinación del gobierno de 'Isabelita' contaba, además, con el apoyo total del secretariado nacional de la UOM y del empresariado dueños de las fábricas.

“Según ellos pretendíamos paralizar toda la industria del Cordón Industrial, porque de esa manera tirábamos abajo al gobierno y el plan económico. Y decían que la cabeza de ese plan, de ‘la serpiente’, estaba en Villa Constitución y había que cortarla”, describió Juárez. Entre detenciones, torturas y asesinatos, además unos mil trabajadores fueron despedidos de las fábricas, y el ministro de Trabajo (que había sido secretario de la UOM de CABA) había declarado a las huelgas como ilegales.

Al mismo tiempo que Villa Constitución era tomada por las fuerzas policiales y parapoliciales, se realizaron procedimientos con detenciones también en San Lorenzo, Rosario, Puerto General San Martín, Granadero Baigorria, Zárate, Campana, Baradero y San Pedro, entre otros. Además, la seccional local de la UOM fue allanada y se dispuso nuevamente su intervención.

En respuesta, y con prácticamente toda la comisión directiva detenida, de forma clandestina se volvió a crear el Comité de Lucha que había surgido durante el "Villazo", ocupando Acindar, Metcon y Marathon y declarando una nueva huelga.

Aquella duraría 60 días y sería brutalmente reprimida, con las calles de Villa Constitución y localidades aledañas totalmente militarizadas y siendo testigo de una verdadera cacería por parte del Estado y con la complicidad sindical y empresarial. Entre las víctimas fatales de aquellos días ya no solo se contaban trabajadores metalúrgicos, sino que se sumaban también abogados y militantes políticos, y lo hacían por decenas.

Algunos de los encarcelados permanecieron semanas, otros meses y otros años privados de su libertad, sometidos a todo tipo de tormentos. Muchos otros tuvieron que escaparse de Villa Constitución, dejando esta masacre personas asesinadas, torturadas, familias desmembradas y una sociedad inmersa en el silencio y el miedo, a pesar de su inclaudicable resistencia.

Un plan sistemático de aniquilamiento

En el juicio que en estos días se desarrolla en Villa Constitución, se juzgan todos los crímenes realizados en el marco del operativo “Serpiente Roja del Paraná”. Con 67 querellantes que vivieron todo aquel proceso, siendo varios de ellos secuestrados y encarcelados o familiares de los asesinados, uno de los ejes fundamentales será demostrar la existencia de un plan sistemático de terrorismo de Estado previo a la dictadura.

“Con la causa de Villa Constitución se perfora el piso de lo que fue el terrorismo de Estado, ya que los crímenes de lesa humanidad son cometidos en este caso a partir del 20 de marzo de 1975, es decir, bajo el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Entonces, con este caso y con otros como el de Tucumán, queda acreditado que el terrorismo de Estado comienza claramente un año antes”, explicó Pagliero, en diálogo con RosarioPlus.com.

Junto a esta, otra característica única de esta causa es que es la primera vez que en la provincia de Santa Fe se juzga a civiles del terrorismo de Estado. En este caso, al que se llegó con 69 víctimas, entre los 25 imputados se encuentran dos personas que eran jefes de personal de la empresa Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, acusados de señalar a trabajadores y líderes sindicales. Del resto, se encuentran integrantes del Ejército argentino, la Policía Federal Argentina, la Prefectura, la Guardia Rural Los Pumas y la Policía de la provincia de Santa Fe.

“En Villa teníamos secuestros por la Triple A en los domicilios de los compañeros, a plena luz del día, y aparecían dos días después, tirados en los campos, con sus cuerpos totalmente torturados de forma impresionante y fusilados. Entonces, a nuestra hora de hablar, nosotros vamos a describir que detrás de toda esa tremenda represión había un plan de parte del gobierno, de parte de las empresas y de parte del secretariado nacional de la UOM, y ese plan era el aniquilamiento de la Lista Marrón, volver a recuperar el sindicato para los interventores e implementar un plan de represión adentro de la fábrica”, agregó ‘Pacho’ Juárez.

El juicio, hoy: romper con la impunidad y el silencio

Para la parte querellante, que después de estar en etapa de instrucción por diez años finalmente haya comenzado el juicio ya resultó un motivo de enorme emoción, representando una gran oportunidad para romper con la impunidad y el silencio.

“Es un aire de reparación que se viene. Más que nada para los sobrevivientes, para los familiares que vienen luchando tenazmente, que los venimos acompañando en esta lucha judicial, y la sensación de romper la impunidad y de poder traer a Villa Constitución la verdad, porque durante todos estos años la ciudad ha quedado en un silencio impune y esto es consecuencia misma de las políticas de impunidad. Traer a la luz esta causa nos va a dar una verdad histórica de los hechos como acontecieron, poner en el relato los testimonios de las víctimas y reivindicar la historia también del movimiento obrero, exigiendo la condena a los responsables”, dijo Federico Pagliero al respecto.

Para Oscar Juárez, la emoción pasa incluso más allá del poder romper esa impunidad, sino también por el gran apoyo popular que aún hoy mantiene la causa en Villa Constitución y en toda la región: “Nosotros somos un grupo de gente que viene luchando hace muchos años. Las sensaciones de que comience el juicio fueron de mucha emoción, pero lo que más nos emociona no es solamente que el mismo inicie, sino la adhesión que la causa del ‘Villazo’ tiene. Primero en Villa Constitución, donde fuimos logrando cada vez mayor acompañamiento de nuestro gremio, la UOM de Villa Constitución, que es por el que tanto luchamos. Por aquellos familiares que ya están grandes, con sus hijos, o los que sus papás no están, porque fueron asesinados o por muerte natural, y de a poco van diciendo ‘Esto merece justicia’ y se van incorporando a nuestra lucha”.

“Lo que el terrorismo quiso es que se sepultara la historia, que nunca más se hablara; y no pudo. Tampoco la impunidad lo pudo, y todo eso está surgiendo. Empiezan también a involucrarse sectores del sindicalismo rosarino, sectores de la universidad, estudiantes universitarios, de los profesorados y secundarios, en Villa y en Rosario. La causa del ‘Villazo’ es una causa obrera, como siempre lo fue, y popular”, concluyó.

Actualmente, en la etapa probatoria del juicio ya pasaron más de 30 testigos que dieron cuenta cabalmente del genocidio que sufrió Villa Constitución y de la participación de la empresa Acindar, de la burocracia sindical, de la Iglesia católica y de un gobierno democrático en el terrorismo de Estado. “Todo encaja a la perfección, cada declaración”, comentó el abogado Pagliero sobre la situación actual.

El primer gran logro en el juicio es haber conseguido que el mismo se lleve a cabo en la misma localidad de los hechos, en vez de Rosario. “Es un deber y una necesidad juzgar los hechos donde acontecieron, que las víctimas y familiares tengan la posibilidad de vivenciar este juicio en primera persona, asistiendo a las audiencias, además de declarar cerca de sus familiares, y porque la sociedad en su totalidad fue víctima del terrorismo de Estado”, acotó el integrante de la APDH. 

Hasta el momento, ya se realizaron inspecciones oculares en la comisaría de Villa Constitución, en la vieja UOM tomada por las fuerzas represivas y la burocracia sindical, y queda pendiente una en la planta de Acindar.

“Este debate es muy rico, los testimonios encajan perfectamente en este rompecabezas, y entiendo que vamos directo, esperemos, a una finalización de debate con condenas a todos los responsables”, señaló el abogado querellante. 

Algunos acusados fallecieron antes de llegar al juicio, por lo que los imputados que están siendo juzgados actualmente son Roberto Pellegrini, ex jefe de personal de Acindar; Roberto Raúl Squiro, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Esteban Petroli, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Jorge Argentino Coronel, Raúl Héctor Cerliani, Emilio Hugo Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Eduardo Mugica, Juan Carlos Faccendini, Oscar Alberto Vessichio y Bernardino Sambrano, ex policías federales; Antonio Federico Bossie, ex jefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás; Carlos Albareda, ex prefecto principal; y Amadeo Chamorro, y ex oficial de la guardia rural "Los Pumas" de la policía santafesina.