“Durante los allanamientos los hijos reconocían que eran sus celulares”
El fiscal que nuclea las investigaciones sobre las amenazas de bombas en escuelas, Gustavo Ponce Asahad, destacó este jueves que durante las detenciones de los cuatro titulares de líneas, estos no sabrían en principio sobre la existencia de esos llamados. Y el indicio de tal conjetura lo dio el hecho de que sus hijos reconocieron la propiedad de los aparatos apenas arribaron los agentes policiales para iniciar los allanamientos.
Los cuatro detenidos son titulares y portadores de los celulares desde los que se llamó con amenazas de bomba a varios de los colegios en los últimos meses, y durante los allanamientos, Ponce Asahad detalló que “en algunos casos los chicos decían ‘no, este es mi teléfono, es el que uso yo’, para aclarar la situación”, y al ver a sus progenitores en una complicada situación legal, al punto de que terminaron detenidos. Es que, por ley, a los adultos les cabe responsabilidad en este caso sobre la conducta de los menores a su cargo.
Consultado en una rueda de prensa realizada hoy en sede local de Gobernación, el fiscal aclaró que “en principio los padres no sabrían que sus hijos realizaron los llamados”. Sobre la autoría de los llamados, aclaró: “Eso se dilucidará en el marco de la audiencia imputativa en el tribunal, donde las cuatro personas serán entrevistadas ante el juez en la audiencia pública, donde podrán defenderse”.
No se descarta que haya más allanamientos, ya que el fiscal evitó confirmarlo, pero aseguró: “Es una investigación que recién empieza y hay una batería de medidas que serán desplegadas”, señaló junto al responsable de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, Darío Chavez.
Los arrestados durante los siete allanamientos realizados el pasado miércoles por la noche son dos mujeres y dos hombres, y permanecen detenidos de manera preventiva. Sus teléfonos celulares continúan secuestrados por las autoridades. Este viernes, Ponce Asahad pedirá al juez de turno que los impute por el delito de intimidación pública, que depara una pena de entre dos a seis años de prisión.