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El secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Gustavo Zignago, contó que ante cada amenaza de bomba a la que se responde, el municipio queda obligado a desembolsar una importante suma de dinero para cubrir gastos que se reparten en distintas áreas. Para los operativos se utilizan recursos de la Guardia Urbana, agentes de Tránsito y Defensa Civil (entre 12 y 16 agentes en total), lo que se lleva entre 12 y 14 mil pesos. A esto se suman unos 45 mil pesos a nivel provincial, por la participación de la Brigada de Explosivos, Bomberos Zapadores y efectivos policiales. La suma total supera, por mucho, los 50 mil pesos.

En tanto el funcionario local le explicó a Rosarioplus.com que el riesgo por deber llevar los recursos a cada escuela (en esta última semana fueron seis por día) conlleva que se deje de atender otros reclamos como ruidos molestos, ocupaciones o ventas ilegales, atención de indigentes con hipotermia, “y hasta el acompañamiento de una ablación de órgano, que suelen ser dos por mes”. También se quitan recursos ante posibles incendios o siniestros viales graves, así como la cobertura policial en situaciones de delincuencia.

En lo que va del año fueron 120 llamados sumando el 911, particulares y Defensa Civil. "Todos los indicios dan a pensar que son alumnos escolares, ya que los llamados se producen en horario de cursado, de lunes a viernes, y siempre en cierres de trimestre, y esperamos poder concientizar lo suficente para no volver a este panorama preocupante en noviembre”, detalló Zignago.

El funcionario coincidió en la preocupación con el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a la vez que precisó: “No descartamos que sea una acción desestabilizadora para crear malestar en la ciudad, ya que es época de elecciones y antes no había pasado con esta asiduidad”. A esto lo relacionó con que este miércoles además de las amenazas en escuelas, el municipio padeció una amenaza de bomba en su laboratorio público, de calle Gálvez al 2600.

Abrirán causas paralelas por daños civiles

“Hay una decisión política de cargar con acciones civiles contra los responsables, una vez que el fiscal pruebe las responsabilidades, para que el resarcimiento sea además de penal uno económico ante el Estado”, sentenció Zignago.

Aseguró en tanto que se evalúa la estrategia jurídica, y “si los responsables son menores de edad, sus padres responderán por sus acciones para devolver al Estado todo el gasto que genera cada llamado”.

En este sentido, el responsable de Control hipotetizó que “más allá de la picardía estudiantil, si alguna de estas amenazas llega a ser verdadera, los recursos corren riesgo, ya que se cubre al momento que se desata cada amenaza, y cuando son seis amenazas en simultáneo no alcanzan esos recursos”.

De cara al último trimestre del año, Zignago instó a la comunidad educativa a “crear una estrategia para concientizar a alumnos y a sus familiares sobre la multiplicidad de daños que se generan”, y ofreció la disposición de sus promotores de convivencia.