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Un atentado golpeó al sector más desprotegido en Siria, cuando un coche bomba se estrelló contra micros que trasladaban a miles de desplazados en la zona de Al Rashidin, al oeste de la ciudad de Alepo, y mató a 126 personas, entre ellos 68 niños.

El peor ataque contra civiles desplazados en Siria en casi un año, que aún no fue reivindicado por ninguna de las partes que pelea en la guerra en Siria, golpeó principalmente a habitantes de los pueblos Fua y Kefraya.

Desde el Observatorio precisaron que entre los 109 habitantes de Fua y Kefraya muertos, 68 eran niños y un total de 13 eran mujeres, mientras que el resto de víctimas mortales eran hombres armados.

Entre las víctimas habría voluntarios de la Media Luna Roja Siria, que se encontraban allí para facilitar el proceso de evacuación desde la zona de combates a regiones aledañas bajo control del gobierno, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La Media Luna Roja Siria, en cambio, desmintió que haya habido víctimas entre sus voluntarios, informó la vocera de la organización humanitaria, Mona Kurdi, quien dijo que el proceso de salida de civiles y combatientes continúa, pese al atentado.

Esta evacuación había sido acordada con las milicias insurgentes de la zona. Por eso, no está claro quién fue el responsable del ataque. La agencia estatal de noticias siria Sana denunció que el atentado fue cometido por "terroristas", mientras que activistas de la oposición acusaron al gobierno de Bashar al Assad.

La página de noticias cercana a la oposición, Zama al Wasl, informó -según testigos- que el vehículo que estalló transportaba alimentos y venía de una zona bajo control del gobierno.

Desde las facciones opositoras sirias negaron hoy cualquier implicación en el atentado. El Ejército Libre Sirio (ELS) aseguró en un comunicado que "desaprueba y condena categóricamente" el ataque.

Por su parte, el Movimiento Islámico de los Libres de Sham, de tendencia islamista radical y una de las facciones más importantes de Siria, condenó "este ataque cobarde, contra los principios de la religión" y sostuvo que "sirve a las políticas sectarias del régimen", que, afirmó, es uno de los principales beneficiarios de este ataque.

El convoy transportaba al menos 5.000 personas, entre ellas civiles y varios cientos de combatientes progubernamentales, a los que se les concedió salvoconducto para salir de las dos aldeas chiitas sitiadas por los rebeldes.