El monto actualizado que los exdirectivos de Vicentin siguieron detrayendo del grupo agroexportador una vez iniciado el concurso de acreedores y ellos separados nominalmente de la conducción asciende a valores actuales a unos 6.000 millones de pesos. Así lo reseñaron este lunes los fiscales de Delitos Económicos Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, al revelar detalles de la imputación que culminó el sábado con la prisión preventiva por 120 días de los exjerarcas del grupo Daniel Buyatti, Omar Scarel, Roberto Gazze y Alberto Macua, más la ampliación imputativa para otros 15 ejecutivos.

“Descubrimos que después de 2020, cuando se cortaron las maniobras que habían sido imputadas antes, ellos continuaron haciendo maniobras para sacar fondos de Vicentin y de las empresas que pertenecen a Vicentin, para costearse gastos propios que tendrían que haber pagado de su bolsillo. En cambio organizaban maniobras para que todos esos gastos lo pagasen las empresas, lo cual constituye el delito de administración fraudulenta”, explicó Narvaja en el Centro de Justicia Penal.

Aludieron así a otras compañías del grupo como Algodonera Avellaneda, Oleaginosas San Lorenzo, Sir Cotton, entre otras.

Narvaja agregó que esos retiros indebidos sumaron “algo más de 800 millones de pesos”. En rigor, en el expediente de imputación se mencionó $952 millones. Pero como esos fondos fueron drenando entre 2019 y 2024, vale considerar la devaluación monetaria en el medio. Tomando el criterio del Salario Mínimo Vital y Móvil como unidad, el monto actualizado hoy suma 6.000 millones de pesos y configura el delito de asociación ilícita.

Narvaja detalló que los cuatro directivos apuntados como jefes de la gavilla se dedicaron a hacer esos retiros de dinero no en Vicentin SAIC, que estaba controlada por la veeduría del concurso de acreedores. Sino que lo hicieron sobre las otras empresas referidas, fuera del monitoreo judicial. Y también hicieron lo mismo en Vicentin SAIC desde agosto de 2024, fecha en la que culminó esa veeduría. 

El fiscal afirmó que sí, que “parte de los gastos que se imputan haber pagado con fondos de la empresa son honorarios de abogados y otros profesionales. La investigación pone el foco en la conducta de los ex directivos, administradores con la responsabilidad de no gastar la plata en otra cosa”. 

El caso suma ahora 19 imputados: 13 ex directivos que ya habían sido acusados en diciembre de 2023, y ahora reciben una ampliación de esa acusación. Y además, otros 3 directivos más que antes no habían sido imputados. 

Además de la prisión preventiva por 120 días para los cuatro cabecillas (Buyatti, Gazze, Scarel y Macua), los 15 restantes conservan su libertad pero no pueden comunicarse con los detenidos, no pueden salir del país, cada uno debe pagar una fianza o cubrirlo con un bien, y presentarse mensualmente ante la OGJ.

Lo que activó esta nueva investigación penal sobre el mega default de Vicentin fue la denuncia de accionistas sobre la continuidad de los directivos en seguir tomando dineros de la empresa y para provecho propio.

El fiscal Moreno, por su parte, respondió afirmativamente que hubo pagos a periodistas “que han desinformado a través de cuentas de Twitter donde se ha cuestionado con falacias el accionar de la Fiscalía en la causa Vicentin”.

Por último, confirmó que en la investigación surgió que los mismos directivos, al ser separados preventivamente por la autoridad concursal, se auto fijaron una indemnización de casi 1700 millones de pesos, algo que no correspondía. “Lo curioso es que justamente ellos son quienes encabezaban esta salida cuando en la práctica tampoco estaban saliendo sino que continuaban manejando el trámite de la empresa", observó Moreno. 

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