Luego de estar suspendido desde principios de 2016, el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue prorrogado hasta diciembre de 2017. El gobierno promulgó la ley que extiende la vigencia del plan, lanzado hace nueve años con el objetivo de reducir la circulación de armas en manos civiles y prevenir las muertes por disparos.

Hasta ahora el plan estaba suspendido debido a que el Congreso no había renovado su vigencia, esto quiere decir que el Estado no recibía armas de personas que buscaban deshacerse de ellas. Desde su puesta en vigencia en 2007 hasta diciembre de 2015, el Registro Nacional de Armas (Renar) recibió cerca de 175 mil armas.

Las estadísticas reflejan la gravedad del problema. En el 79% de los asesinatos que se cometieron en el Gran Rosario durante el primer semestre del 2016 se utilizaron armas de fuego. En ese mismo lapso, se registraron 577 lesionados por el impacto de una bala, lo que arroja un promedio de tres heridos por día.

A nivel nacional existen un total de 1.200.000 armas, pero se estima que la cifra se triplica con los cálculos de armas no registradas. Pero las cifras son impactantes si se consideran los datos del Ministerio de Salud de la Nación de fines del año pasado: en 2014 hubo 2981 muertes causadas por disparos, es decir, ocho víctimas por día en todo el país.

En Rosario, hasta el 31 de diciembre del 2015, había 37.454 armas registradas en toda la ciudad y 23.534 personas con capacidad de disparo, entre civiles y agentes del orden. Ambas cifras crecieron en los primeros siete meses del 2016.