Por Lisandro Leoni

El año de la pandemia “escondió” otros temas urgentes. En la provincia de Santa Fe, y particularmente en el Gran Rosario, la violencia institucional es un flagelo que enluta a cientos de familias. Después del duelo viene un largo proceso judicial, lleno de presiones, y muchas veces todo decanta en un callejón sin salida. Pero hace algunas semanas, la Justicia hizo historia con la condena al grupo de policías que asesinaron a David Campos y Emanuel Medina, y la esperanza volvió a encenderse para aquellos que perdieron a sus seres queridos a manos de las fuerzas de seguridad.

David y Ema, como siempre los presentó su entorno, fueron fusilados en junio de 2017 por miembros de la Policía de Santa Fe tras una persecución motorizada en la zona sur de Rosario. Se trató de un caso de gatillo fácil con protocolo de encubrimiento que por primera vez tiene condenas firmes.  Los policías Alejandro Bustos y Leonel Mendoza, autores materiales de la ejecución, recibieron la pena de cadena perpetua, y en total fueron 19 los efectivos juzgados.

El emblemático caso es solo uno entre muchísimos. Según datos del Ministerio Público de la Acusación, en seis años el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad provocó 86 muertes en la provincia. El informe “Fuerzas de seguridad y usos de la violencia letal – Provincia de Santa Fe” para el periodo entre 2014 y 2019 remarca que, sobre el total de los casos investigados, cuatro de ellos tienen más de una víctima.

Del mismo relevamiento se desprende que las personas muertas en su mayoría son varones jóvenes de bajos recursos. El 52.3% de las víctimas no superan los 25 años y en el 47.6% de los casos la víctima estaba desempleada o tenía un trabajo de carácter informal. En los seis años, fueron 12 las mujeres asesinadas por la Policía.

En tanto, el mecanismo de muerte por excelencia fue el uso de armas de fuego. En total, en poco más de ocho de cada diez casos la muerte fue causada por disparos.

Cacería

David Campos y Emanuel Medina tenían 28 y 32 años respectivamente. El jueves 22 de junio de 2017 salieron a festejar un campeonato de Boca Juniors y la celebración se extendió hasta el día siguiente. A media mañana del viernes 23 circulaban por la zona sur a bordo de un Volkswagen Up cero kilómetro, cuando un grupo de la Policía Motorizada comenzó a perseguirlos porque supuestamente esquivaron un control.

A la escena se sumaron cada vez más efectivos La persecución duro aproximadamente media hora y finalizó cuando el vehículo que manejaba Medina chocó contra un árbol en la esquina de Callao y Cazadores. David y Emanuel estaban tendidos en el auto con los airbags explotados cuando una lluvia de balas cayó sobre sus cuerpos. En total hubo 17 disparos, diez impactaron contra el cuerpo de Emanuel y tres en el de David. Ambos murieron en el lugar víctimas de la violencia policial.

El largo camino en la Justicia

Era una mañana fría de invierno cuando sonó el teléfono de Germán. Del otro lado de la línea su padre alertaba que su hermano David había tenido un accidente, que lo había escuchado en la radio mientras manejaba su camión rumbo a Mendoza.

Lo siguiente fueron escenas de terror. Al llegar al lugar, Germán encontró más de 50 policías y el auto de su hermano incrustado contra un árbol. Desde lejos llegó a observar los airbags explotados. Rápidamente quiso acercarse, pero lo frenó un efectivo. Le pregunto quién era y qué hacía ahí. Le reclamaron que debía acreditar que el auto en cuestión era de su hermano, entonces desesperado volvió a su casa a buscar los papeles que David había comprado hacía solo dos meses. Cuando pudo retornar, la escena ya no era la misma. El auto estaba tapado, la zona vallada y no lo dejaban ingresar pese a tener la comprobación de ser familiar del titular del vehículo.

Todo se puso oscuro de repente. El parte hacía referencia a resistencia a la autoridad, persecución, agresión a los efectivos, tiroteo y muerte de los dos jóvenes. El fiscal Adrián Spelta se hizo presente en el lugar y con su permiso Germán pudo llegar hasta el auto que estaba agujereado por las balas. “Cuando el fiscal me dice que había dos muertos y que uno era mi hermano, lo agarré del hombro y le dije ‘espero que no les planten armas’”. En el juicio pudo comprobarse que efectivamente la escena había sido alterada.

La lucha de los familiares fue incansable desde el comienzo. Ni las casas velatorias querían recibirlos. Nunca aflojaron, al contario, encontraron apoyo en otros que pasaron por la misma desgracia y llegaron a la verdad. Codo a codo con la investigación buscaron testigos, hicieron relevamiento de cámaras y trajinaron por los pasillos de Fiscalía y tribunales.

Fueron tres años y medio de proceso judicial en los cuales las largas audiencias y la evidencia demostraron el accionar violento por parte de los efectivos policiales y comprobaron un protocolo de encubrimiento de los oficiales involucrados.

De los 19 involucrados en el hecho, las agentes Roxana María Ramírez y Jésica Elisabet Lezcano rompieron el pacto de silencio pese a las amenazas de sus superiores y sus aportes fueron fundamentales. El día del hecho, las mujeres viajaban en el móvil junto al oficial Mendoza y llegaron inmediatamente después de la chata en la que se trasladaban los oficiales Bustos y Escalante, quienes efectuaron los primeros disparos.

Bustos y Mendoza fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el abuso de su función o cargo y por ser integrantes de la fuerza policial. Los 17 policías restantes, entre ellas Ramírez y Lezcano, fueron condenados a penas menores por encubrimiento.