Demolieron un búnker que perteneció al Clan Funes en barrio Tablada
Como efecto de la ley de narcomenudeo, la Justicia provincial hizo derribar una deteriorada construcción en Ayacucho al 4300, escenario de allanamientos recurrentes y diversas situaciones de violencia a partir de la venta de estupefacientes
En el marco de la ley provincial de microtráfico, este viernes se continuó con el operativo para derribar inmuebles donde se vendía drogas con la demolición de cinco búnkers, entre ellos, uno que pertenecía al Clan Funes, en barrio Tablada.
La serie comenzó este jueves, a pedido del fiscal Franco Carbone y por orden de la jueza penal Silvia Castelli, sobre inmuebles en Felipe Moré al 600 bis, y Necochea y pasaje Ivanowski. Y continúa este viernes sobre otro ubicado en Ayacucho al 4300, lugar donde ocurrieron numerosos procedimientos penales por efecto del narcomenudeo. "“Históricamente esta casa perteneció al clan Funes, aliado a Francisco Riquelme, de hecho esta propiedad ya había sido allanada veinte años atrás cuando se buscaba al padre de Funes por pirata del asfalto”, dijo el fiscal Carbone en el lugar.
“En los últimos 3 años hicimos unos diez allanamientos en el lugar –añadió–. Los moradores circunstanciales fueron muchísimos en el último tiempo. En los allanamientos siempre se encontraron armas de fuego, ametralladoras, estupefacientes y vehículos con pedido de secuestro".
“Somos conscientes de que este tipo de acciones pueden generar reacciones y las bandas pueden rearmarse pero hay actividades que hacen que este lugar no pueda volver a ser ocupado y eso es lo que es realmente novedoso y cambia las cosas”, concluyó.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni, valoró la ley de narcomenudeo que el Ejecutivo envió a la Legislatura en diciembre y enseguida consiguió su sanción.
“La ley, para su aplicación plena, va a demandar nuevos recursos, mayores actividades de coordinación, transferencias presupuestarias que tienen que venir del gobierno nacional, y que ya se están reclamando, porque estas causas eran de jurisdicción nacional y ahora son provinciales”, dijo.
Para el ministro, "estos son los primeros casos que vienen en cumplimiento de la ley, pero luego la política de microtráfico estará basada sencillamente en la información aportada por la inteligencia criminal y van a ser intervenciones focalizadas de desactivación de los puntos de venta. Y aprovecha un curso investigativo que ya era preexistente”, detalló y no descartó la posibilidad de que, en la jornada de hoy, “haya al menos un operativo más”.
Sobre el final, explicó cómo es el accionar para activar un procedimiento de este tipo: “No vamos a requerimos una denuncia formal, aunque por supuesto la pueden hacer, pero la política de microtráfico se basa en inteligencia criminal que despliega autónomamente el Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con el Ministerio Público de Acusación y, en función de eso, se diseñan las intervenciones. La idea no es pedirle al vecino que sea quien motorice esto, sino que lo van a hacer los distintos organismos del Estado”.