La jueza penal Silvia Castelli, a instancias de la Fiscalía Regional Rosario, ordenó este jueves el derribo de 5 inmuebles en los que se vendían estupefacientes y propiciaron repetidos hechos de violencia, incluso de homicidios.

La medida, según el fiscal Franco Carbone, es “muy novedosa e inédita en la legislación a nivel nacional”, por cuanto una autoridad judicial dispone la desaparición física de un lugar sin que haya un delito concreto sino por el foco de violencia y criminalidad que representa. Se llama, en términos de técnica legal “una medida de cese antijurídico”.

Las construcciones que serán derribadas funcionaban como kioscos de droga y se encuentran en Ludueña y Empalme Graneros por un lado, y en el barrio Tablada por otro. Para los primeros, son bunkers vinculados a la organización criminal liderada por Francisco Riquelme, actualmente en prisión y que acaba de ser imputado por encargar una amenaza contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Para el caso de los bunkers de zona sur, remiten a la familia Funes.

“Si bien ya se hicieron otros derribos, esto es una investigación proactiva vinculado a los estándares de la nueva ley de microtráfico que entró en vigencia en los últimos días. Es la primera consecuencia importante para los barrios en los que intervinimos, dos muy conflictivos. Los inmuebles son simbólicos e importantes”, valoró el fiscal Carbone.

Los edificios a derribar están en Felipe Moré al 600 Bis, Ayacucho al 4300, Coronel Biedma al 200, y Necochea y Pje. Ivanowsky. 

La medida es una derivación de la vigencia de la ley de narcomenudeo que habilita a la Justicia provincial a intervenir en casos de tráfico de drogas, antes exclusiva potestad de la Justicia Federal. Como esto hubo esta mañana una demolición de un bunker en barrio Villa Urquiza, Riobamba al 5000.

Carbone explicó que solicitó esta medida luego de entrecruzar información y relacionar diversos hechos de violencia urbana que tuvieron como epicentro esos bunkers referidos. “Se ha comprobado violencia altamente lesiva que circunda a estos lugares, con disputas de poder, territoriales, muchas veces muertes de personas ajenas a estas actividades criminales, o femicidios, o asesinatos de niños o menores. Por todo eso solicitamos el derribo de estos inmuebles que no son viviendas sino lugares de venta de droga”, concluyó.