Conocida la condena en primera instancia del Tribunal de Dolores contra los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, uno de los interrogantes que se abre es cuál será el destino de los jóvenes en la cárcel. Hasta aquí, desde el momento en el que fueron detenidos hace tres años, el Servicio Penitenciario Bonaerense los alojó lejos de otros detenidos, en un pabellón propio, con recreos en los que no se cruzaban con otros internos, con horarios de visita exclusivos para sus familias, más la atención de psicólogos. 

Estuvieron bajo un protocolo denominado Resguardo de Integridad Física (RIF), que busca evitar a un recluso los riesgos de recibir una agresión de parte de otro preso. Hasta la llegada del juicio, esa había sido la prioridad. Ahora, eso cambia. 

Tras la lectura del veredicto fueron trasladados a la alcaidía de Melchor Romero, donde cumplieron la mayor parte de los tres años que llevan detenidos con prisión preventiva, informaron fuentes judiciales. 

Por la cercanía con sus familiares, la lógica indica que ya conocida la sentencia deberían quedar alojados en la cárcel de Campana, localidad vecina de Zárate, de donde son oriundos los denominados “rugbiers” que mataron a Fernando Báez Sosa. Pero como ese penal está en condiciones de hacinamiento, como la mayoría de las prisiones bonaerenses, los jóvenes condenados podrían ser distribuidos en cárceles del interior de la provincia, en las que un 90 por ciento de los detenidos son de otras ciudades.

Las condiciones edilicias son las mismas que en cualquier otra cárcel. El RIF, resguardo de integridad física, es un dispositivo para evitar ataques, en este caso de detenidos que buscan hacer su fama hiriendo a otro preso de más fama, una constante en la vida tumbera. El Sistema Penitenciario Bonaerense es, básicamente, el responsable final de sus vidas y su seguridad. Nadie querría un escándalo de esta magnitud, lo que mantuvo a los rugbiers seguros en todo este tiempo.