La concejala Susana Rueda presentó un proyecto para incorporar el rubro “Droguerías y Farmacias” a la Ordenanza 10370, de Antilavado. Con esta modificación, se apunta a que quienes habiliten una farmacia, se sometan a los mismos requisitos acerca del origen de los fondos que el resto de los rubros contemplados, a fin de ampliar la lucha contra el lavado de activos.

El proyecto surge del trabajo conjunto de concejales con el Colegio de Farmacéuticos, y busca resolver una inquietud que ha ido apareciendo y tiene que ver con las posibles derivaciones delictivas de quienes ingresan en esta actividad. En ese sentido, la iniciativa aprobada por la comision de Gobierno y que aguarda ser tratada en el recinto, establece la modificación a la ordenanza 10.370, incorporando al rubro “Droguerías y Farmacias” cuando en el plan de inversiones del proyecto se prevea una inversión igual o superior a 2 veces la suma establecida en el artículo 67° de la Ordenanza de Contabilidad por la que el Departamento Ejecutivo Municipal procede al llamado a licitación pública.

“Sabemos que una de las patas del accionar de las bandas criminales es a través del lavado de activos en variados rubros de la economía local, y esto ha quedado públicamente expuesto a través de distintas investigaciones judiciales que lo corroboraron. El sector de las farmacias tiene, además, la particularidad de que hay todo un circuito que tiene que ver con la compra de drogas legales que en determinadas circunstancias ingresa al circuito ilegal”, señaló Susana Rueda, autora de la iniciativa.

“Cuando el año pasado discutimos la ordenanza 10.370, sobre sistema de control económico financiero de inversiones en la ciudad, esta problemática no había sido señalada. Creemos fundamental que lo incorporemos a fin de detectar y prevenir operaciones que puedan propiciar el lavado de dinero de actividades ilegales. El objetivo de este tipo de controles es generar siempre mayor transparencia en las inversiones, sobre todo en un rubro tan delicado, desalentar maniobras que puedan rozar lo delictivo y colaborar con la protección de los derechos de los farmacéuticos matriculados que quieren trabajar bajo el amparo de la ley”, señaló Rueda.