El financista Luis Herrera y su familia fueron imputados este viernes, tras dos jornadas de audiencias, por estafar al menos a 300 personas. De esta forma, los tres hombres quedarán en prisión preventiva por seis meses.

El empresario 66 años fue acusado por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe y organizador, desobediencia a una orden judicial, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito en concurso real; administración fraudulenta y estafa en concurso real en calidad de autor. 

En tanto, sus hijos Ignacio, de 42 años, y Diego, de 36, fueron acusados por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros, administración fraudulenta y estafa en concurso real como participes primarios. 

Y Marcela Fernández, de 67 años y esposa de Herrera, quedó imputada como miembro de una asociación ilícita. 

La jueza de primera instancia Paula Álvarez tuvo por formulada imputativa e hizo lugar a lo peticionado por la Fiscalia, dictando para el padre y sus hijos prisión preventiva de cumplimiento efectivo por el plazo de 6 meses, en tanto que Fernández no cumplirá una medida privativa de su libertad.

Según el fiscal Miguel Moreno, valiéndose de la estructura de la sociedad (oficinas, autoridades, empleados, reconocimiento público) los Herrera procedían a la captación de inversores indeterminados, cuyos fondos eran administrados con el objeto de aplicarlos a negocios financieros o económicos. Pero parte del dinero administrado, a partir de 2017 dejó de ser aplicado a las inversiones prometidas (Chicago Board of Trade), y empezó a fluir a “otro tipo de inversiones que tornaron incierto el destino de los fondos”, reconstruyó el fiscal.

Moreno marcó que pese a los desvíos, “el sistema de administración para inversión continuó funcionando”. Pero a mediados de 2020, en plena pandemia, la devolución de fondos se fue discontinuando, y finalmente en septiembre de 2021 cesó por completo.

“No sólo la entrega de dinero, sino también la rendición de cuentas y cualquier tipo de información respecto de la suerte de sus inversiones”, describió Moreno, marcando que así la sociedad cometía una violación de deberes, “perjudicando los intereses que les fueron confiados”.

Para entonces, la sociedad de inversiones había mutado en esquema Ponzi: “A partir de 2021, y siempre valiéndose de la estructura de una sociedad anónima, los imputados continuaron ofreciendo al público en general negocios financieros de alta rentabilidad, que a esta altura eran inexistentes, ya que los fondos obtenidos en esta etapa eran aplicados directamente a un sistema piramidal de estafa, con el objeto de obtener un lucro indebido para sí o para terceros generando en las víctimas el consecuente perjuicio patrimonial”, explicó el fiscal.

En ambas etapas, el dinero de los inversores/víctimas se invertiría en el mercado de futuros de Chicago, denominado “Chicago Board of Trade” En la primera etapa, a partir de 2017 se detectaron inversiones con destino diferente al prometido. En la segunda etapa, las inversiones no existieron, detalló el funcionario judicial.