La Justicia acusó a 14 personas, entre agentes policiales y civiles, por una serie de delitos vinculados a corrupción, abuso de autoridad y falsedad ideológica. La audiencia estuvo a cargo del juez Hernán Postma, quien dispuso prisión preventiva efectiva para algunos de los acusados y medidas alternativas para otros.

Entre los imputados se encuentran los agentes policiales J.S., D.P., L.B., M.B., R.F. y T.R., quienes enfrentan cargos por falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas y apremios ilegales, entre otros delitos. 

Asimismo, los civiles R.G. y S.A. fueron acusados de cohecho activo y portación ilegal de arma de fuego de guerra, en el caso de R.G.

Por otro lado, el juez dictaminó prisión preventiva efectiva para J.S., D.P., L.B., M.B., R.F., T.R., R.G. y S.A., mientras que otros imputados, como M.T., A.M., A.F., F.B., O.P. y M.R., fueron beneficiados con medidas alternativas bajo reglas de conducta.

Los hechos por los que se los imputa

El fiscal Pablo Socca atribuyó a J.S, T.R, D.P y L.B, quienes se desempeñaban como numerarios de la Brigada Motorizada de la URII, un hecho ocurrido el 22 de noviembre de 2024. En esa ocasión, realizaron un procedimiento en Antequera y Fournier, donde identificaron a dos personas que trasladaban armas de fuego sin autorización legal. En lugar de proceder con la detención, los efectivos acordaron con uno de ellos el pago de $2.000.000 a cambio de su liberación, omitiendo los deberes de persecución y represión de delitos. Además, falsificaron el Acta de Procedimiento para ocultar información relevante.

También se les imputa la omisión de denunciar e informar a la autoridad judicial competente sobre un delito de acción pública, además de contactar a uno de los aprehendidos simulando estar interesados en la compra de las armas de fuego sin autorización judicial para operar como Agentes Encubiertos. Asimismo, tenían un vínculo previo con una persona dedicada a la comercialización de estupefacientes en Barrio Parque Casas, con quien planificaron el hecho.

Se le atribuye al Suboficial J.S., haber solicitado luego el número de teléfono de la persona liberada y posteriormente extorsionarla exigiéndole la venta de su auto y la entrega de $20.000.000 a cambio de procurar su impunidad. En paralelo, R.G y L.E.S fueron imputados por la portación ilegal de armas de fuego y por acordar la entrega de la coima de $2.000.000 a los policías.

Además, la médica policial M.R fue imputada por falsificar informes para encubrir apremios ilegales sufridos por un detenido el 27 de enero de 2025 en la Comisaría 10ª de Rosario. Pese a la orden judicial de revisión médica, esta fue desobedecida para ocultar las lesiones sufridas por la víctima.

Otros policías de la Brigada Motorizada, entre ellos J.S., M.B., R.F., D.P. y L.B., fueron imputados por privar ilegalmente de la libertad a una persona de 31 años y a una mujer de 72 años el 27 de enero pasado, bajo la falsa excusa de haberlos encontrado comercializando estupefacientes. Fabricaron pruebas, amenazaron y golpearon a los detenidos para forzar confesiones y les imputaron falsamente la tenencia de drogas.

Asimismo, los identificados M.T, A.M y A.F, autoridades de la Comisaría 10ª, junto con F.B., sumariante en turno, fueron imputados por encubrir apremios ilegales, impedir la constatación del domicilio de un detenido y desobedecer órdenes judiciales para su revisión médica, con el objetivo de ocultar las lesiones sufridas.

Finalmente, se les atribuyó a los agentes T.R., R.F. y M.B. la falsificación de declaraciones en actas de procedimiento y por intentar influir en investigaciones judiciales sobre el comercio de estupefacientes en Barrio Parque Casas.