Seis efectivos policiales fueron imputados este fin de semana por “hurto doblemente calificado” y “falsedad ideológica”, mientras que a un séptimo se le atribuyó el delito de “encubrimiento agravado”, por el robo de 76.000 dólares de una vivienda, en el marco de un allanamiento en zona sur.

De los acusados, seis corresponden a la Comisaría 15ª, mientras que el restante es del Grupo Táctico Multipropósito.

El hecho ocurrió el 13 de abril de este año, cuando los policías, en cumplimiento de su deber, ingresaron a un domicilio del barrio Nuestra Señora de la Guardia. Dicho procedimiento se dio a partir de un llamado al 911, en donde se denunciaba un supuesto caso con una persona con un problema de salud mental.

Allí, según les atribuyó el fiscal José Luis Caterina, en la requisa, los identificados como D. C, M. G., J. G., y A. M., B. A. y R. A., con A. G. como encubridor, sustrajeron de forma secreta la suma de U$S 76.900 (69.000 dólares que pertenecían a los dueños de casa, más 7.900 dólares que eran por la venta de un vehículo, dinero que llevaban con ellos).

Según informó la Fiscalía, uno de los dos testigos presentes en la requisa divisó cómo una de las oficiales “manifestó a viva voz a otros efectivos policiales que había mucho dinero en el interior del domicilio”.

“El dinero lo habían bajado del auto a la casa y era el que estaba a la vista al momento de llevarse a cabo el procedimiento. Ninguno de los dos testigos que se mencionan en las actas pudieron ser hallados. Los domicilios aportados resultaron inexistentes; se obtuvo por bases de datos que los nombres no coincidían con los DNI mencionados, o bien que figuraba la firma de alguien distinto al que se consignada más arriba. El Acta de Procedimiento labrada es firmada por el Suboficial A. M.; el Suboficial J. G; la Suboficial B. A. y la Oficial R. A., sin embargo, la misma acta, pero en la copia que llegó a Asuntos Internos recaba de la Comisaría, solamente cuenta con la firma de R. A y J. G.”, informaron.

El juez de primera instancia Rodrigo Santana dictó la libertad para las identificadas como R. A., B A., y los identificados como J. G., M G., y A. M., con reglas de conducta por el plazo de ley y fianza por $500.000 para cada imputado. En tanto, a A. G. se le dictó prisión preventiva en modalidad domiciliaria hasta 26 de julio de 2027, y al identificado como D. C. (que además se le atribuyó el delito de Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil), se le dispuso la prisión preventiva efectiva hasta el 26 de julio de 2024.