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Cinco años y nueve meses pasaron de la explosión de la torre de calle Salta 2141 con sus 60 departamentos, en lo que se consideró la peor catástrofe de la ciudad, con 22 víctimas fatales. El próximo 8 de mayo a las 8:30 en la Sala 7 de Juicios Orales del Centro de Justicia Penal comenzará el esperado juicio oral y público donde hay 11 personas imputadas y unos 150 testigos declararán durante dos meses.

El tribunal que juzgará se compone de Marcela Canavesio (presidenta), Rodolfo Zvala y Carlos Leiva (vocales), mientras que la fiscal Graciela Argüelles llevará adelante la investigación desde el viejo sistema judicial penal, y continúa junto a Valeria Piazza Iglesias en el nuevo sistema.

Adrián Gianángelo es sobreviviente de la explosión, y hermano de una de las 22 víctimas, Débora Gianángelo, con quien residía en la torre y con quien reclamaba la regularización de los arreglos del gas desde hacía tiempo. Junto a su padre Horacio y su mamá Sonia, son la única querella de la causa y parte litigante en el juicio. “Con respecto a las 21 familias restantes son decisiones personales de cada una”, reflexionó con respeto el joven, en diálogo con Rosarioplus.com.

A pesar de ser sólo su familia la querellante, y de sentirse frente a “una corporación poderosa con abogados que van a ir con toda”, con firmeza como el primer día, Adrián aseguró: “No vamos a retroceder, sentaremos en el banquillo a los culpables de la muerte de mi hermana y los demás 21, para que tengan la condena que merecen”.

Consultado sobre las expectativas diez días antes del comienzo del juicio oral, aseguró: “Éstos días los vivimos con el fiel recuerdo de mi hermanita, unidos en familia y rodeados del amor que nos brindan las personas que nos rodean. Lo que espero de esta justicia lentamente esperada, es que el martillo caiga con todas sus fuerzas sobre todos los acusados”.

Como víctimas, consideró que fue importante sostener en cada etapa del proceso penal nuestra querella con una participación activa en haras de lograr el  juicio “en una tragedia evitable”. La familia de Adrián forjó, según explicó, “una conducta de perseguir desde la hora cero consistiendo en una decisión familiar de: imputar, procesar,  acusar y ahora enjuiciar a los responsables, y a su vez mantener la memoria para esta página negra en la ciudad de rosario y en nuestra historia no se vuelva a repetir”.

Recordó sobre Débora, una joven estudiante de Derecho en la UNR que dormía cuando el mundo se vino abajo: “Mi hermanita era la luz de mi familia, la más pequeña, su sonrisa colmaba nuestras vidas. Por eso jamás vamos a firmar un acuerdo económico renunciando a la persecución penal. Acuerdo que paga la aseguradora que representa a quienes causaron el incendio y posterior derrumbe del edificio ocasionando las muertes de mi hermanita y mis vecinos”.

Los imputados, que llegarán al juicio en libertad son el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, que trabajaban en el lugar el día del siniestro; el gasista que estuvo doce días antes, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli. En  tanto, los otros procesados por el delito de estrago culposo agravado por la muerte son los inspectores de la empresa Litoral Gas, Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerente técnica Viviana Leegstra.

Durante la instrucción del caso, la Justicia entendió que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron el gasista que trabajaba en el lugar, los administradores del consorcio, y hasta personal de la empresa Litoral Gas S.A.