La banda narco más grande de Colombia ofrece someterse a la Justicia
El Clan del Golfo, una de las principales bandas del narcotráfico de Colombia, negocia con el gobierno de Juan Manuel Santos someterse a la Justicia, decisión que el Ejecutivo destacó como “una gran noticia” y la organización trató de enmarcar en la etapa del “fin del conflicto” interno en el país, a partir del acuerdo de paz con las Farc y el alto el fuego con el ELN.
El presidente Santos fue quien anunció que el Clan del Golfo estaba dispuesto a someterse a la Justicia, por lo que ordenó evaluar esa posibilidad.
"El pasado 3 de septiembre recibimos del jefe del Clan del Golfo una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la Justicia", explicó Santos, que, lejos del presunto fin “político” con el que pretende mostrarse la organización, remarcó que se trata de un grupo de delincuencia común.
En el acto de jura de jueces de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, Santos insistió en que lo de la banda encabezada por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, sería “un sometimiento a la Justicia, no de una negociación política, pese a que también lo han buscado”.
“Se les ha dicho no hay posibilidad, porque no son actores políticos sino delincuentes. Si se someten la ley, pueden tener algunos beneficios dependiendo de las condiciones: de qué entregan y el valor para la sociedad", dijo el mandatario, para quien "si ese sometimiento se da, también sería una gran noticia para la tranquilidad de los colombianos, porque ese es el otro origen de la violencia que todavía queda después de haber firmado la paz con las Farc", consignaron las agencias EFE y DPA.
Destacó aun así el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado y puso como ejemplo el operativo en el que, la semana pasada, fue muerto el número dos del Clan del Golfo, Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, en Puerto Plata, en el departamento de Antioquia.
El Clan del Golfo, dedicado principalmente al narcotráfico y la extorsión, está considerada por las autoridades como una de las organizaciones criminales más peligrosas del país y también como la mayor amenaza para la paz tras la firma del acuerdo con las Farc y las negociaciones encaradas con el ELN.
Colombia estrenó la figura del sometimiento a la justicia a comienzos de los 90 con el capo Pablo Escobar, quien a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos suspendió sus actos de narcoterrorismo.
En medio de una polémica negociación, Escobar se entregó con algunos de sus más poderosos cómplices, y fue recluido en una cárcel, conocida como La Catedral, desde donde siguió al frente del Cártel de Medellín, hasta su fuga y posterior muerte, en diciembre de 1993.