La Justicia frenó un decomiso de autos a una banda y la Provincia pataleó
Un fallo judicial ordenó frenar las subastas de cuatro automóviles de alta gama incautados a bandas delictivas. El gobierno provincial reaccionó y apelará la situación al entender que va contra del proceso de desarme económico de las organizaciones narcocriminales y delictivas que persigue la ley de decomiso de bienes.
El juez de primera instancia Hernán Postma ordenó al gobierno provincial frenar las subastas anticipadas de cuatro autos en el marco de la ley de decomiso que funciona a nivel provincial. Por esa normativa, la provincia decomisó bienes a personas que están siendo juzgadas por delitos. Pero el magistrado entendió que desobedeció una orden judicial anterior que ordenaba no realizar las subastas hasta que hubiera una sentencia definitiva.
En efecto, cuatro vehículos de los más de 50 subastados en octubre pasado no podrán ser entregados a quienes los adquirieron en un remate y la Provincia deberá devolver lo que pagaron por tales bienes.
La ley de extinción de dominio, que persigue bienes de origen ilícitos y obtenidos como consecuencia de delitos cometidos en jurisdicción provincial, fue sancionada por unanimidad en la Legislatura hace tres años y dio lugar a la creación de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad), que depende del Ministerio de Justicia.
Los vehículos son de alta gamma: un Mini Cooper, dos BMW y un Citroen C4. Tres de ellos pertenecían tres primeros se incautaron a una banda llamada Los Romero cuyos miembros están presos por delitos violentos y lavado de dinero. Para su abogado, Marcelo Martorano es inconstitucional el decomiso de bienes cuando sus clientes son inocentes ya que no tienen sentencia firme.