La muerte de Ariel Tubi Segovia en la celda que ocupaba en el Instituto Correccional Modelo U1, conocido popularmente como la Cárcel de Coronda, volvió a enfrentar al Ministerio de Seguridad de la Provincia con la Justicia Penal. Es que desde el Servicio Penitenciario criticaron la decisión del juez Carlos Leiva, que había movido al ex barrabrava leproso e integrante del Clan Caminos del pabellón de máxima seguridad a uno común.

"Nos pasa permanentemente, el Poder Judicial entrometiéndose en las facultades del Ejecutivo, ordenando situaciones de alojamiento y diferencias en el régimen y la progresividad, afectando gravemente la seguridad", dijo la directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario Lucía Masneri en una conferencia de prensa que se convocó de urgencia en la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario.

Segovia había sido trasladado del penal de Piñero a un pabellón de máxima seguridad de Coronda el pasado 6 de febrero, cuando el Servicio Penitenciario consideró que la cárcel ubicada a 14 kilómetros de Rosario ya no era un lugar seguro para este otrora ladero de Roberto Pimpi Camino, ex jefe de la barra brava de Newell’s. Es que a fines de enero había sido alojado allí Alan Funes, uno de los líderes del clan enfrentado históricamente a los Camino y que, a principios de año, habían regado de balas y muerte la zona sur de la ciudad en una suerte de guerra de clanes.

Tres días después, los abogados de Tubi presentaron un hábeas corpus ante el juez Leiva para pedir que su defendido fuera trasladado de máxima seguridad a un pabellón común. Pese a la negativa del Servicio Penitenciario, finalmente el 14 de marzo Segovia pasó a una celda común, donde este martes apareció muerto.

"Estaba en un pabellón donde nosotros consideramos que no debía estar", señaló Masneri. La funcionaria explicó: "Considerábamos que el interno debía estar en un sector de resguardo donde pudiéramos cuidar su integridad física". Tubi compartía el pabellón con otras 20 personas con las que no había tenido problemas previos. Sin embargo, la guerra que se había desatado en las calles de Rosario en enero generaba temor en las autoridades provinciales. "Habíamos entendido que algo de esto podía ocurrir", se sinceró la directora de RRII. 

Un antecedente

La Provincia ya le había apuntado al juez Leiva cuando el magistrado decidió trasladar de la cárcel de Piñero a la Unidad 3 de Rosario a Enrique Adrián "Cable" Solís, acusado por los homicidios de Jonatan y Ulises Funes. En su momento, el Servicio Penitenciario apeló la decisión y acusó al Poder Judicial de intromisión.