La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) libró este jueves una serie de allanamientos que prometen estridencia porque uno de ellos hace mucho ruido: el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, ya denunciado ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y vínculos sospechosos con el jefe narco Esteban Lindor Alvarado. 

Agentes de Gendarmería Nacional y Policía Federal desplegaron en simultáneo requisas repentinas sobre el juzgado de Bailaque, en Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900, y también sobre las sedes de la ex Afip en Rosario y un estudio jurídico, según trascendió. 

Se supo que en la requisa al despacho del juez en capilla los gendarmes secuestraron el teléfono móvil del juzgado y documentación, en busca de pruebas sobre delitos tributarios conexos a investigaciones sobre narcotráfico.

También secuestraron el teléfono de un secretario de ese juzgado, Gustavo G., y la investigación involucra al menos a un jefe regional de la Arca (ex Afip).

La irrupción de la Procelac con estos allanamientos puso otra vez en el ojo de la tormenta a Bailaque, tras la denuncia de la diputada provincial Lionella Cattalini ante el Consejo de la Magistratura. 

La legisladora socialista acusa al magistrado de sostener una connivencia con Alvarado desde hace más de 10 años, cuando su nombre emergía como una figura del hampa en ascenso y sin embargo ninguna investigación en su contra prosperaba. A su vez, la diputada reveló que el juez y el narco compartían el mismo contador público, Gabriel Mizzau, y que aquel incluso facilitó el ingreso del hijo del profesional como empleado del Tribunal federal.