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Desde este mediodía los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional imputan en la Oficina de Gestión Judicial a varios miembros de la banda encabezada por Esteban Lindor Alvarado, entre los que se encuentran miembros de la PDI. Los investigadores revelan cual era el rol de cada uno y cómo operaban.

La punta del iceberg para iniciar lo que el ministro Pullaro mencionó como “la investigación más grande” de su gestión fue el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, quien fuera hallado muerto en Oroño y Circunvalación acompañado de un mensaje mafioso.

Alvarado ya estaba detenido como instigador de ese crimen, pero este viernes se le agregaron otras imputaciones por haber “utilizado su capacidad de influir y a partir de los recursos materiales y económicos que detenta” para efectuar los ataques contra edificios vinculados al Poder Judicial.

Claro que Alvarado actuaba en colaboración de una numerosa banda que contaba entre sus miembros a dos importantes piezas de la Policía de Investigaciones (PDI), detenidos este jueves por la tarde.

Los hermanos

Martín y David Marcelo Rey, parte fundamental de la Policía de Investigaciones, son imputados este viernes por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor.

El primero de ellos está sospechado de pasar pistas falsas con el fin de desviar la investigación por la Muerte de Maldonado contra quien Esteban Alvarado pretendía.

El propio Martín Rey, además, habría sido quien en diciembre del año pasado avisara a un grupo de fiscales que un grupo de personas de nacionalidad colombiana estaban escondidos en la localidad de Pueblo Esther, y que los mismos serían los autores de los atentados al Centro de Justicia Penal y de los Tribunales Provinciales. Todo esto, claro, a sabiendas de que no era verdadero y con el fin de desviar la investigación otras personas, entre ellas una vinculada a la familia Cantero.

Los hermanos también participaron de un allanamiento en calle Rivero al 5200 en el cual habrían “insertado” un teléfono celular con mensajes de texto destinados a ser analizados por los fiscales del MPA para que dirijan la investigación por el homicidio de Maldonado y las balaceras hacia otros destinos. Todo orquestado desde las sombras por el propio Alvarado.